Ciudad de México. Nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó pendiente la resolución final sobre la validez de los cambios legales que permiten a los partidos políticos regresar una parte, o la totalidad, de su financiamiento público, para que sea utilizado en atender emergencias causadas por desastres naturales. En esta ocasión la votación se difirió debido a la ausencia, por razones de salud, del ministro Javier Laynez.

Aunque una mayoría de ministros se ha manifestado por declarar constitucional la facultad de los partidos para devolver su financiamiento, aún no queda claro si se autorizará que este dinero sea entregado directamente a la Tesorería de la Federación, o al Instituto Nacional Electoral (INE).

En su sesión de este jueves, el máximo tribunal sólo aprobó borrar la palabra “preferentemente” del artículo 19 Ter de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), de modo que quede claro que el dinero reintegrado deberá asignarse estrictamente “para atender los efectos de cualquier desastre o fenómeno contemplado en la Ley General de Protección Civil o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro.”.

La ministra ponente, Loretta Ortiz Ahlf, explicó que dejar a los partidos políticos tomar una decisión semejante es acorde con el sistema democrático.

“El derecho otorgado a los partidos políticos va encaminado a lograr la consolidación de la democracia, en la medida en que tiene cabida en el caso de catástrofes sufridas en territorio nacional por cualquier desastre o fenómeno contemplado en la Ley General de Protección Civil o por cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, lo que significa que ocurre en un momento de atención preferente a los derechos sociales que puedan verse afectados con esas calamidades, incentivando un desarrollo social que es interdependiente con la democracia”, señaló.

En el punto aún pendiente, siete ministros han expresado que el dinero debe ser devuelto al INE y no directamente a la Tesorería de la Federación, pues es el instituto el encargado de la administración y fiscalización de estos recursos.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, consideró necesario esperar a que el ministro Laynez se reintegre al pleno, ante la posibilidad de que con su voto se reúna la mayoría calificada de ocho votos, que podría invalidar esta parte de la ley impugnada.