Ciudad de México. No aceptamos las críticas que se han lanzado contra los jueces que han liberado a algunos de los imputados por el Caso Ayotzinapa, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien señaló que la responsabilidad de que estos procesos se hayan caído es de los responsables de las investigaciones.
Recordó que la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa se dio gracias a un fallo judicial, del primer tribunal colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó conformar este grupo especializado.
““Estas críticas que se han venido haciendo a los jueces por el caso Ayotzinapa, me parece que son injustas y no las aceptamos (…) Creo que la crítica no debe ser a los jueces, en su caso, la crítica se tendría que hacer porque las investigaciones no se llevaron adecuadamente, creo que, en este caso, en principio, podría haber excepciones, los jueces están haciendo lo que deben hacer, sin mucho margen de maniobra, derivado a que se ha acreditado que todas estas personas han sido sujetas a tortura y que todas las investigaciones han sido irregulares””, afirmó el ministro presidente.
Agregó que en ese mismo fallo los magistrados advirtieron que muchos de los detenidos por este caso fueron torturados, al igual que varios de los testigos, también que los peritajes fueron parciales, todo lo cual vició la investigación y está llevando como consecuencia a la liberación de los imputados.
Zaldívar también volvió a hablar de su enfrentamiento con el ex presidente Felipe Calderón, de quien afirmó que nuevamente mintió al afirmar que no supo de las amenazas que recibió durante la discusión del Caso Cassez en la SCJN.
Afirmó que luego de que fue interceptado en dos ocasiones por la Policía Federal, cuyos elementos lo encañonaron junto con su familia, y de que entraron a su casa para robar su computadora, habló directamente con el entonces presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, quien se puso en contacto con Calderón.
Fue entonces que el ex presidente le llamó telefónicamente para ofrecerle una escolta de la Policía Federal, la misma corporación que lo amenazó, lo cual naturalmente rechazó.
Al final, se le asignó por tres meses seguridad por el Estado Mayor Presidencial, autorizada por el propio Calderón.