Madrid. Miles de personas se manifestaron en Barcelona para exigir al gobierno catalán, presidido por una coalición de partidos nacionalistas, que cambie su política lingüística y acate las sentencias judiciales que han dictaminado que se impartan al menos un 25 por ciento de las clases en español del sistema educativo catalán. Actualmente se calcula que desde la educación de preescolar hasta la universitaria hay una media de una de cada diez clases en español, frente al resto que se imparten en catalán. La derecha española al completo apoyó la protesta, convocada por agrupaciones de padres de familia que reclaman para sus hijos una educación bilingüe.
Según la policía de Barcelona, la Guardia Urbana, en Barcelona se manifestaron alrededor de “dos mil 800 personas”, frente a las 120 mil que según las organizaciones convocantes acudieron a la protesta. En cualquier caso, una buena parte del centro de la capital catalana se vio colapsada ante la multitud que acudió para exigir el respeto a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del propio Tribunal Supremo español, que después de una larga batalla jurídica dictaminaron que para hacer valer el carácter bilingüe de la educación elemental en la región se debe al menos impartr un 25 por ciento de las clases en español.
Los gobiernos nacionalistas y el Partido Socialista de Cataluña (PSC) han puesto en marcha en las últimas décadas un sistema educativo que definen de “inmersión lingüística”, en el que le dan prioridad al catalán frente al español, si bien en los últimso años, sobre todo a raíz del agudizamiento del conflicto por la independencia, el idioma español ha perdido mucho peso específico en las aulas catalanas, hasta el punto de que actualmente, según datos del propio gobierno catalán, se calcula que una de cada diez materias se imparten en español. Al margen de los otros idiomas, como el inglés o el francés.
Este hecho ha llevado a numerosas familias a acudir a los tribunales, en una batalla jurídica que en ocasiones ha llevado varios lustros, y que finalmente lograron tanto la sentencia a favor de los tribunales catalanes como la ratificación del alto tribunal español. Sin embargo, el gobierno catalán decidió aprobar un decreto ley, con el apoyo del PSC y de Unidas Podemos (UP), en el que cambian de facto la normativa para no acatar las sentencias y así continuar con el actual sistema educativo.
Desde el gobierno catalán y los partidos nacionalistas se acusa a la derecha española y a esas familias que emprendieron la batalla legal de intentar “politizar” el sistema educativo catalán, que a su entender es “un éxito” y que por lo tanto no necesita cambios ni mucho menos que esas modificaciones se dicten desde un tribunal que no vive el día a día de la escuela catalana.
Una de las organizaciones convocantes de la protesta, la plataformo Escuela de Todos reclamó durante la manifestación que “las fuerzas políticas se comprometan a conseguir la vehicularidad del castellano en todo el sistema educativo catalán y que el el gobierno español cumpla y haga cumplir la Constitución en Cataluña, en las demás comunidades autónomas con lengua cooficial y en todo el país”. Además instó al Tribunal Constitucional para que “ampare los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes y acaben, de una vez por todas, con la vulneración de su derecho fundamental a una educación en la que el castellano sea lengua vehicular”.
La protesta contó con el apoyo del conjunto de la derecha española, incluidos algunos destacados dirigentes del Partido Popular (PP), la cúpula de Ciudadanos, entre ellos su presidenta, Inés Arrimadas, y representantes de la extrema derecha de Vox, con su máximo dirigente, Santiago Abascal, a la cabeza.
