Ciudad de México. En una sesión que se prolongó por más de ocho horas, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados se sumaron a la propuesta del PRI que amplía a 2028 y no a 2029, la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, la cual fue aprobada por 335 votos favor, 152 en contra del PAN, PRD y MC, y una abstención. La minuta pasa ahora al Senado para su análisis y votación.
El cabildeo que realizó en la víspera el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para amarrar el voto de Morena, dio resultado, si bien la diputada Irma Parra voto en contra. Al argumentar en conferencia de prensa, su posición dijo estar en contra de la militarización del país a cambio de impunidad para el dirigente del PRI, Alejandro Moreno.
En el PRI también hubo votos en contra y abstenciones, así como legisladores que decidieron no votar. En el primer caso estuvo José Yunes Zorrilla, quien aspira la gubernatura de Veracruz, y Sue Ellen Bernal; en el segundo Ana Lilia Herrera, quien está interesada en la gubernatura del Estado de México, y en el tercer caso estuvo Frinne Azuara y Laura Barrera.
Casi al final del debate, el petista Reginaldo Sandoval presentó una reserva al dictamen para que en lugar de que la intervención castrense se prolongara a 2029, esta termine en 2028, a fin de que la conclusión del periodo no coincida con el inicio del proceso electoral presidencial de 2030. La propuesta fue aceptada por mayoría. Solo dos de las 111 reservas presentadas, fueron las que se avalaron. La otra obliga al Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar al Congreso de la Unión sobre la conformación y capacitación de la Guardia Nacional y no el Secretariado Ejecutivo.
En la discusión, la diputa priísta Yolanda de la Torre, quien presentó la iniciativa para alargar la intervención castrense, argumentó que su propuesta no busca hacer el trabajo político de Morena, sino garantizar la seguridad. A su lado, en la tribuna de San Lázaro, el dirigente nacional del PRI exclamó: “Yola Chingona”, mientras aplaudía su participación.
El morenista Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fue el encargado de presentar el dictamen de la iniciativa de reforma al artículo quinto transitorio del decreto por el que se creó la Guardia Nacional relativo al tiempo durante el cual el ejército participara en tareas de seguridad pública.
Expuso que a pesar de los grandes esfuerzos institucionales y de gestión del Estado en materia de seguridad, el estado de las cosas se encuentran en una situación difícil.
El problema ahí está y el planteamiento es que la Guardia Nacional requiere de más tiempo y aún necesita el apoyo de la Marina y del Ejército Mexicano.
Argumento también que las amenazas a la seguridad nacional provienen de adentro del país por el potencial tan fuerte de las organizaciones criminales, las cuales tienen una capacidad tremenda de corrupción.
El PAN insistió en su discurso de que con esa iniciativa se militariza la seguridad pública y en que el gobierno ha fracasado en su estrategia contra la inseguridad.
Santiago Torreblanca (PAN), acuso al bloque oficial de utilizar la Constitución “para limpiarse el culo”. A petición del Partido del Trabajo, el panista tuvo que retirar sus palabras del diario de debates.
Carlos Alberto Puente, coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, rechazo que se militarice el país. “Militarizado, el día en que venimos aquí con nuestras banderitas muy patriotas, cuando tomó protesta (Felipe) Calderón”.
Recordó que cuando iban en los autobuses rumbo a San Lázaro, se veía el Viaducto lleno de tanquetas. Ese día la ciudad sí estaba militarizada, estaba que ardía, ese día si se sentía el miedo, puntualizó.
