Buenos Aires. Uno de los abogados de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en la causa judicial por el intento de atentado que sufrió hace dos semanas consideró el miércoles que “la hipótesis del loquito suelto se agotó” y que hay que identificar qué grupo está detrás del hecho.

Manuel Ubeira dijo a Radio 10 que el encargo de la vicepresidenta es "llegar hasta donde la última prueba nos conduzca" para determinar "quién está detrás" del ciudadano brasileño Fernando Sabag Montiel, autor material del fallido ataque contra la vicepresidenta en las inmediaciones de su vivienda en Buenos Aires el 1 de septiembre.

Sabag Montiel, de 35 años, fue detenido tras gatillar dos veces con su pistola Bersa a pocos centímetros de la cabeza de la vicepresidenta. El arma tenía cinco balas pero no llevaba ninguna en la recámara, por lo que la bala no salió, según la policía.

Su novia, la argentina Brenda Uliarte, de 23 años y quien estaba en la misma zona en el momento de los hechos, fue arrestada tres días después y ambos están acusados de haber intentado asesinar a la dirigente peronista. Otra argentina, identificada como Agustina Díaz y que es amiga de Uliarte, fue arrestada la noche del lunes bajo la sospecha de confabulación.

Los tres fueron trasladados el miércoles a los tribunales para ser indagados. El brasileño y su pareja ya han sido interrogados otras veces y para Díaz fue la primera vez que se sentó ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal de la causa.

Tras su declaración, sus abogados dijeron a periodistas que la joven se desvinculó de la planificación del ataque a Fernández de Kirchner.

Marcelo Herrera, uno de los letrados, señaló que Díaz dijo que Uliarte “era fabuladora y que en ningún momento pensó que lo que ella decía se podía llevar a cabo”, en referencia al ataque. "La conoce como amiga y sabe que tiene delirios".

El abogado también relató que los funcionarios judiciales le mostraron a Díaz mensajes cruzados con Uliarte a través del móvil en los que le preguntaba por qué Sabag Montiel no había podido concretar el ataque. “Lo preguntó de curiosa, porque en ningún momento pensaba que Brenda había participado de la tentativa de homicidio”, dijo.

Heredia también indicó que su defendida no conocía personalmente al agresor y sólo había dialogado brevemente en dos ocasiones con él por teléfono y que no había denunciado a su amiga por miedo.

Fernández de Kirchner, quien gobernó entre 2007 y 2015, se presentó la víspera como querellante en la causa, lo cual le permite tener acceso al expediente.

Su abogado subrayó que "este no es un hecho de un loco irresponsable que anda suelto... parece que es un grupo de personas organizadas con determinado propósito”.

El frustrado ataque a Fernández de Kirchner, de 69 años, ha generado conmoción. Desde hace más de dos décadas la dirigente peronista es una figura central de la política argentina, donde ha ejercido como legisladora, presidenta durante dos mandatos consecutivos y ahora vicepresidenta.

El agresor reside en Argentina desde la década de 1990 e imágenes obtenidas de sus cuentas en redes sociales -ahora inactivas- lo han mostrado posando con sus manos y brazos llenos de tatuajes asociados con simbología nazi.

Varios medios de prensa han reportado que en el teléfono celular de Uliarte se descubrieron mensajes que la relacionan con grupos de ultraderecha. AP no pudo confirmar esta información.

Una foto de Uliarte que fue borrada de sus redes sociales y publicada por la prensa la mostró participando de una marcha de varias decenas de personas realizada el 18 de agosto en contra del gobierno. “No podemos seguir dormidos”, escribió la mujer junto a la imagen en la que se la ve ante la sede del Ejecutivo y afirmó que quienes gobiernan en Argentina “son comunistas disfrazados de seudo demócratas”

Los días previos al intento de atentado las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta estuvieron llenas de seguidores para respaldarla luego de que un fiscal pidió una condena para ella de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gobierno.

Fernández de Kirchner niega los cargos y señala que la justicia actúa bajo dictados de dirigentes opositores para apartarla de la vida política.