Ciudad de México. Derivado de información que -señaló- le han hecho llegar algunas víctimas de desaparición forzada durante el periodo de la llamada guerra sucia, referente a los preparativos para la visita al Campo Militar número 1 en el marco de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad para este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación sobre cómo se está abordando el asunto y pidió al citado mecanismo que reflexione sobre ello y plantee “un plan de trabajo serio y evaluable”, no sólo sobre el punto en particular sino “respecto a todo su ámbito de responsabilidad”.

Indicó que las quejas que se han recibido están relacionadas con “la toma de decisiones que acusan cierta burocracia, la poca empatía para con las víctimas, muchas de ellas detenidas y torturadas en el Campo, o bien familiares de personas ahí retenidas, pero además minimizando la importancia histórica del hecho”.

En un comunicado, aprovechó para aclarar que la CNDH “no participa de esta manera de abordar a las víctimas ni las violaciones a derechos humanos que se deberán investigar y esclarecer”.

Recordó que el 22 de enero de 2020, mediante acuerdo de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, se creó la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente.

Indicó que de ese entonces a la fecha, entre otras cosas, dicha oficina hizo la redefinición del período conocido como guerra sucia, “es decir los años de represión ejercida por el Estado en contra de ciudadanas y ciudadanos, ubicándola entre 1951 y 2016”; además, “ha documentado varios hechos violatorios de derechos humanos correspondientes a ese período; ha integrado diversas quejas de víctimas no consideradas en la Recomendación 26/2001 e inició la reclasificación de quejas por delitos mal calificados en esa Recomendación, a efecto de documentar las violaciones de lesa humanidad ante la Fiscalía General de la República y reactivar las carpetas de investigación”.

Puntualizó que después de la creación de la Oficina Especial, mediante decreto presidencial, fue creada la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (COVeH), erigiéndose “como el ente jurídicamente responsable del Estado mexicano para el esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos cometidas por él mismo, entre 1965-1990”.

La CNDH subrayó que ello planteó la necesidad de redefinir el marco de actuación de la Oficina Especial, de manera que, quede en claro que se trata de dos instancias “con funciones y alcances diferentes. Pero también con una forma distinta de abordar los casos de la llamada guerra sucia”.

Es así que, agregó, la Oficina Especial seguirá integrando las quejas que se le alleguen, “enfatizando que su objeto es aportar a la verdad, a la memoria y a la justicia, puesto que, en lo tocante a la reparación integral, lo que incluye la reparación económica, será la COVeH la responsable de determinarla y otorgarla, como lo señala claramente el decreto presidencial”.

Señaló que a través de la Oficina Especial, podrá dar acompañamiento a víctimas, o a invitación de la COVeH, en ejercicio de su autonomía y siempre respetando el ámbito de responsabilidad de ésta; “hará el debido seguimiento y la observancia de sus actuaciones, en el sentido de garantizar el apego a los parámetros de derechos humanos universales y, dado el caso podrá emitir pronunciamientos sobre las actuaciones de la COVeH, siempre en el interés superior de las víctimas”.

Finalizó reiterando su plena solidaridad con los sobrevivientes y familiares de víctimas de desaparición forzada por el Estado.