Ciudad de México. En el marco de la discusión sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa (PPO) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) destacó que si bien el abuso de esta figura ha sido violatorio a derechos humanos, en los casos de violencia feminicida este recurso “ha servido para la seguridad de las víctimas y la de sus familias” ante el “deficiente sistema de justicia que tenemos”.

Por su parte, Fundar y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) reiteraron la necesidad de que se elimine la PPO porque “no es disuasiva de que se cometan los delitos y se vulnera la presunción de inocencia”.

En entrevista, María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, mencionó que la prisión preventiva oficiosa ha servido “para evitar una violencia mayor”, así como para que no se escapen los agresores. “Nos han tocado casos donde los feminicidas no sólo matan a la esposa sino intentan matar a sus propios hijos y la familia vive en un riesgo permanente porque los agresores están prófugos”, dijo.

Indicó que de hecho, este observatorio ha respaldado que la tentativa de feminicidio también forme parte de los delitos relacionados con la PPO, porque los agresores “las acaban matando”. Ejemplificó con el caso de Abril Pérez Sagaón, ocurrido el 25 de noviembre de 2019. “El juez libera al agresor porque dice que fue violencia familiar, al final lo liberan y acaba contratando a personas para matarla”, mencionó.

Consultada aparte, Sarahí Salvatierra, de Fundar, expuso que no se pueden combatir delitos como el de la corrupción en detrimento de otros derechos.

La PPO “no es una medida disuasiva de la incidencia delictiva”, por el contrario, “más gente en prisión sí incrementa otros problemas penitenciarios, como son el hacinamiento”, dijo. Lo más importante para combatir delitos es fortalecer el sistema de procuración de justicia y que se mejoren los procesos de investigación.

Tras la discusión ayer en la SCJN sobre la PPO, Víctor Meade, abogado de la CMDPDH, confió en que los ministros puedan modificar el proyecto que inaplica la prisión preventiva oficiosa “pero que no pierda la esencia que debe de tener para resolver el problema”. Es, mencionó, “una figura violatoria de derechos”.