El gobierno del estado de Zacatecas incurrió hasta este lunes en un doble desacato a un amparo federal, al violar la suspensión definitiva que ordenó el juzgado segundo de distrito de esta ciudad, de suspender la realización de corridas de toros, programadas en el serial taurino de la Feria Nacional de Zacatecas, que arrancó este fin de semana, con una novillada el sábado y una corrida de rejones, el domingo, que sí se realizaron.
La juez federal Citlalic Vizcaya emitió la semana pasada el fallo definitivo, contra la realización de las 10 corridas contempladas durante la feria y se notificó al Patronato de la FENAZA, que organiza el gobierno de Zacatecas.
Pero desde la misma semana pasada, el propio gobernador David Monreal Ávila, públicamente expresó su inconformidad con el fallo de la juez federal e hizo patente su respaldo a la empresa taurina “Don Bull Productions”, propiedad del matador de toros Curro Leal y los empresarios, el senador Armando Guadiana y el ex senador Pedro Haces.
El gobierno de Zacatecas deberá acudir a través de sus representantes, a atender una cita por “incidente de desacato”, ante un tribunal de distrito, informó el abogado representante de COLEGNA, la asociación civil ambientalista que promovió el amparo.
Ante el incumplimiento al mandato de la juez federal, el abogado Jorge Rada Luévano, representante legal del colectivo COLEGNA, la asociación civil que promovió el amparo contra las corridas de toros –que se concedió primero de forma provisional y una vez que se concedió el derecho de audiencia al patronato de la Fenaza, la juez Citlalic Vizcaya determinó emitir la suspensión definitiva-, calificó el desacato como “una violación flagrante”.
Ahora, dijo en entrevista con este diario “estamos esperando, a la expectativa de las medidas que vaya a tomar la jueza segundo de distrito, en virtud de que existió una flagrante violación a la suspensión definitiva que emitió”.
“Por ahí la ley de amparo prevé algunos supuestos en caso de un incumplimiento a una suspensión, que va de 3 a 9 años de prisión, la inhabilitación del cargo público, la destitución, multa, pero esa es una atribución totalmente de la jueza”.
Rada Luévano señaló que mientras tanto, “vamos a denunciar formalmente esta semana, las violaciones graves a la medida que ella misma dictó, estamos en ese paso, seguramente en próximos días habrá algunas acciones por parte de la jueza”.
En contraparte, Antonio Enríquez, matador de toros y abogado zacatecano, salió en defensa de la empresa taurina “Don Bull Productions” y declaró en una entrevista radial, que el amparo emitido por la jueza segundo de distrito, así como el amparo promovido contra el serial taurino, tenía “debilidades estructurales (sic), del procedimiento jurídico”, ya que “ignoran” dijo, que no es el gobierno del estado, sino una empresa privada, la que tiene “los derechos”, para realizar las lidias de toros.
A final de cuentas, señaló Antonio Enríquez, estas “fallas” legales, “permiten que no se consume la injusticia (la cancelación de los festejos taurinos), y se respete el estado de derecho, es decir, no solamente no saben cómo es que el gobierno del estado da los permisos y las concesiones”.
Porque, para “Don Bull Productions”, el amparo emitido por la jueza, tendría efectos contra “actos de gobierno”, y no contra “actos realizados por particulares”. Desde la óptica de la empresa taurina, la responsabilidad del gobierno estatal, habría quedado a salvo, cuando “concesionó” la plaza de toros, meses atrás. Por eso, de hecho, el pasado sábado –cuando se realizó el primero de diez festejos taurinos de feria-, la empresa colocó el acceso principal de la monumental plaza de toros de Zacatecas, una pancarta con el lema “Evento Privado”.
“Porque ya hace tiempo que se dio esa concesión y el que interpuso el amparo, no contó con que ya hacía tiempo el gobierno entregó esta concesión y eso le dio derechos a la empresa y a final del día, ese tipo de ignorancia de cómo funciona el procedimiento jurídico para la fiesta de los toros en Zacatecas y las empresas que toman la plaza de toros monumental”.
Contento por la realización de los dos primeros festejos taurinos de la FENAZA, el matador Antonio Enríquez, al haber pasado sobre el amparo definitivo que prohibía los festejos, aseguró que éste “es un enorme bofetón a un poder judicial, que ya es hora que rinda cuentas y que sobre todo garantice a la gente la certidumbre de que revisarán sus asuntos con cuidado”.
Y remató: “estas cosas golpean la credibilidad del poder judicial, no hay una gente que ahorita esté cierta de que el poder judicial esté bien. Ve el relajo que traen con la prisión preventiva –dijo al entrevistador-, ¿Cuántos narcotraficantes han soltado y luego los han tenido qué reaprehender? La discusión sobre las corridas de toros debe hacerse, donde debe ser (sic), que es en el poder legislativo, en el senado de la república hay una iniciativa, precisamente para escuchar a todas las voces y el poder judicial no puede ser ajeno al poder legislativo. Esto es una muestra de que afortunadamente, a pesar de que se quiso torcer el derecho, hay justicia”.
