Ciudad de México. Frente a la definición del presupuesto para el Instituto Nacional Electoral (INE), consejeros advirtieron a los diputados que deberán hacer un estudio técnico sobre cada uno de los pretendidos recortes.

En la víspera del análisis del anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, propusieron una “discusión razonada” y no solo usar la “descalificación política” o disminuir recursos con base en supuestos.

A la vez, respondieron al Órgano Interno de Control del INE, el cual advirtió en un amplio documento acerca de la “sobrepresupuestacion”en los cálculos del organismo (La Jornada, 28 de agosto de 2022).

Los consejeros afirman que el subejercicio es producto de economías y “buenas prácticas”, no de cálculos incorrectos a partir de los cuales se elabora el plan presupuestal.

El INE inició una campaña para que los diputados aprueben su propuesta de obtener 14 mil 437 millones de pesos divididos en dos grandes rubros: 11 mil 769 millones de gastos ordinarios y 2 mil 668 millones para los proyectos institucionales, más 4 mil millones de pesos como presupuesto precautorio para la realización de una consulta ciudadana.

Los directivos del organismo destacan que de cada 100 pesos del PEF, el INE busca ejercer 20 centavos; aduce también que para la credencialización y actualización del padrón empleará 26.9 por ciento de lo solicitado, mientras que para la operación de las juntas locales (oficinas estatales), el 26.1 por ciento, por ejemplo.

Claudia Zavala, presidenta de la Comisión Especial de Presupuesto 2023, aseguró que “en términos reales, el INE está pidiendo menos dinero” que en 2022, si se considera el impacto inflacionario.

En un video producido por el Instituto, subrayó que ningún organismo electoral del mundo tiene tantas obligaciones como el de México, porque no sólo hace elecciones sino dota a los ciudadanos de su mecanismo de identidad y monitorea las 24 horas del día 3 mil 600 estaciones de radio y de televisión, dos acciones que le ahorran un gasto al gobierno federal.

Ciro Murayama, integrante de esta comisión, advirtió que un recorte tendría un altísimo costo y la asfixia de los derechos ciudadanos, en especial hacia la sucesión presidencial de 2024. “Hay que distinguir la austeridad del austericidio” en perjuicio de la democracia.

Señaló que no se deben olvidar circunstancias peculiares, tales como la búsqueda obligatoria, en cada elección federal, del 13 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón para capacitarlos como funcionarios de casilla, esto es, visitar a 12 millones de personas.

Ambos consejeros recordaron la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que un eventual recorte – como el de 26 por ciento al presupuesto del INE, el año en curso- no puede darse de manera autoritaria y tampoco se puede “subordinar a un organismo autónomo”.

Afirmaron que los cálculos presupuestales “están bien hechos, sin falacias” y que están abiertos a ir a una discusión "con datos” de por medio.