Ciudad de México. Al condenar la muerte de la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez, por un balazo presuntamente consecuencia del uso de la fuerza letal por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló que el caso ratifica “el anunciado riesgo que entraña la participación militar en tareas de seguridad ciudadana”.

Igualmente, “la importancia de fortalecer e implementar controles civiles sobre las Fuerzas Armadas”, y que consolidar su participación “en funciones civiles que le son impropias, debilita la democracia y es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos”.

Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, urgió a las autoridades a iniciar una investigación civil independiente, “pronta y diligente, que incorpore estándares internacionales de derechos humanos, con pleno respeto del interés superior de la niñez, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño”. La indagatoria, dijo, “debe identificar a los responsables directos de la muerte de Heidi Mariana -de cuatro años de edad-, así como las responsabilidades en la cadena de mando”.

Insistió en que el uso de la fuerza letal desplegado en este caso “es contrario a estándares internacionales de derechos humanos”.

En un comunicado, la ONU-DH expuso que de acuerdo con información recibida, la muerte de Heidi Mariana habría sido provocada por la acción de personal de la Sedena en la colonia Victoria de Nuevo Laredo, Tamaulipas. “Habría sido resultado del impacto de, al menos, un proyectil de arma de fuego”. La menor iba en compañía de una familiar, que también habría resultado herida, y de su hermano de siete años de edad.

La ONU-DH instó a la Sedena a cumplir con tomar todas las medidas necesarias para cooperar con las autoridades civiles, entregar sin demora la información relevante para esclarecer el caso, asegurar que su personal colabore con dichas autoridades, así como a identificar y erradicar toda práctica institucional interna que permita, facilite o no prevenga la reiteración de este tipo de casos.

Recordó que desde 1999, el Comité de los Derechos del Niño expresó su “inquietud ante la amenaza contra el derecho a la vida de los niños causada por el grado de militarización” en el país. Igualmente, en 2015 pidió al Estado mexicano revisar la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada, para que las niñas y niños estén protegidos de la violencia, así como implementar de manera efectiva protocolos para la protección de los derechos de los infantes durante las operaciones federales contra los grupos criminales, llevadas a cabo por el Ejército y las fuerzas de seguridad.