En el marco del debate sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en el país, que se discutirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la próxima semana, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reiteró la postura de organismos internacionales sobre esta figura, cuya mayoría se ha pronunciado por su eliminación.
A través de redes sociales, recordó que en diciembre de 2019 el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por la prisión preventiva oficiosa ya que no cumple con lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 9 y 14, relacionados con el derecho a la libertad y a la seguridad personal, así como en contra de las detenciones arbitrarias. Además lamentó que esta figura se haya extendido a otros delitos con la reforma constitucional de abril de 2019.
Por su parte, en sus observaciones a México en 2019, el Comité de la ONU contra la Tortura expuso que el Estado parte debía “enmendar o derogar los preceptos constitucionales que disponen la prisión preventiva obligatoria para ciertos delitos”.
En 2014, el entonces relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, manifestó que en su visita al país había recibido “numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de la libertad, y conoció varios casos ya documentados que demuestran la frecuente utilización de torturas y malos tratos”, lo que se potencia “con el régimen de excepción constitucional y legal (…) que incluye el arraigo, la prisión preventiva oficiosa”. Por ello se pronunció por su eliminación.
Igualmente la ONU-DH recordó que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en 2018 llamó a México para que derogue la norma constitucional y legislativa que ordena la prisión preventiva automática o al menos la modifique de acuerdo al Pacto Internacional.
“La decisión de imponer prisión preventiva automática debe ser discrecional del juez, basándose en una decisión individualizada para cada caso”, señaló en su momento.
Finalmente, en 2019, al término de su visita a México, la entonces Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, cuestionó “extensión del catálogo al que se le aplica la prisión preventiva oficiosa, figura que trastoca la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal”.
