Eliminar la prisión preventiva oficiosa para presuntos responsables de delitos graves no forzaría la llamada puerta giratoria (que entran a prisión por un lado y salen por otro), sino que abriría totalmente la puerta para que estas personas vuelvan a delinquir, generando un impacto en la sociedad y una enorme sensación de impunidad.

Así lo expuso esta mañana el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, durante la conferencia presidencial en Palacio Nacional, donde exhibió una serie de casos donde jueces han dejado en libertad bajo distintos argumentos a peligrosos criminales, como el propio narcotraficante Rafael Caro Quintero, detenido hace un par de meses, tras siete años libre.

“La prisión preventiva oficiosa pretende evitar la llamada puerta giratoria donde el presunto criminal sale en libertad y vuelve a delinquir generando impacto en la sociedad y enorme sensación de impunidad. Si se elimina, como lo pretenden los proyectos que se analizarán (el lunes) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no sólo se volvería la puerta giratoria, sino sería de puerta abierta, porque 92 mil personas que hoy en México están sujetas a esta medida por delitos graves: secuestradores, narcotraficantes, feminicidas y delincuentes cuello blando, podrían solicitar mediante amparos ser excarcelados, con lo que habría una gran impunidad.”, alertó el funcionario.

Como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el miércoles, el subsecretario también llamó la atención sobre el riesgo que la Corte al tomar la decisión se erija y asuma facultades del Legislativo, que es el único poder al que corresponde constitucionalmente, modificar la carta magna.

“Sería la primera vez que la SCJN se erige en un poder constituyente e ivalida un artículo de la Constitución (el 19), el único que pude reformar la Constitución es el poder constituyente permanente, que está integrado por las dos Cámaras del Congreso de la Unión y por las 32 legislaturas de los estados. La Corte no puede invalidar un artículo constitucional”.

El amparo que la Corte debatirá este 5 de septiembre, indicó Mejía, responde a un recurso tramitado por dos personas detenidas que son familiares de Oscar Andrés “N”, alías El Lunares, ubicado por las autoridades como líder el cártel Unión Tepito.

El subsecretario presentó varios casos de jueces que liberaron a personas acusadas de delitos graves ya sea por suspensiones provisionales, amparos o aparentes violaciones al debido proceso. Listado que el propio mandatario federal detalló hace unos días, se daría a conocer en la mañanera y se envió a la SCJN como parte de los argumentos contra el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que apunta a eliminar la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa.

El primer caso expuesto por Mejía es el de Rafael Caro Quintero, quien fue detenido en 1985 acusado de diversos delitos, entre ellos el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, privación ilegal de libertad, delitos contra la salud y asociación delictuosa, introducción de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, entre otros.

En 2009 un juez en primera instancia determinó que se le acumularían 40 años de prisión, pero su defensa impugnó esa resolución y se le fue absolviendo de los ilícitos hasta que obtuvo un amparo que lo dejó en libertad en 2013. el Ministerio Público se inconformó y se emite un nuevo fallo que decreta su reaprehensión, pero Caro Quintero ya estaba libre, dijo Mejía.

“En todo este tiempo él ya se había reconstituido como líder criminal con organizaciones delictivas en varios pintos del país”. Su reaprehensión tardó siete años y hoy está en proceso de extradición, el cual no se ha concretado debido a que jueces la han otorgado diversos amparos y suspensiones que lo han impedido.

Un caso más, agregó el funcionario, es el de José Alfredo “N”, alías El Contador, quien se presume es dirigente del cártel del Golfo, quien en noviembre 2020 obtuvo su libertad con la decisión de un juez de control de no vincularlo a proceso penal, no obstante ser el principal líder de esa organización criminal. Fue hasta febrero de este año que se le pudo detener una vez más y vincularlo a proceso penal por diversos delitos.

“Es evidente, como lo decíamos, la reincidencia. Cuando hay un beneficio procesal o una no vinculación a proceso, este tipo de personas siguen cometiendo los actos criminales”, reafirmó Mejía Berdeja.

El de José Bernabé “N”, El Vaca, es uno de los casos más recientes donde un juzgador lo dejó en libertad pese a ser el principal generador de violencia en Colima. El impartidor de justicia “decidió no someterlo a proceso penal, pero es un peligroso criminal” acusado entre otros del homicidio de un agente de investigación y presunto responsable de los hechos violentos del Centro de Readaptación Social de aquel estado, que dejó ocho muertos. Tuvo que actuar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para presentar otros cargos y con ello evitar su liberación.

Otro asunto similar es el de Rafael “N”, El Fantasma, presunto secuestrador e integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, que fue detenido en Chihuahua “tras meses de trabajo de inteligencia” y se puso a disposición de un juez de control de Zacatecas, quien determinó no vincularlo a proceso penal, bajo el argumento que el pago de los rescates de las familias de las víctimas se depositaron en una cuenta bancaria que no estaba a su nombre.

El caso de Edwin Omar “N”, El Minimix, acusado y detenido por el asesinato de Sergio Ortega Escobar, jefe del grupo de la policía investigadora en Colima. “El juez desacreditó los testimonios de testigos y finalmente salió en libertad, sigue delinquiendo y sigue siendo objetivo prioritario”, afirmó Mejía Berdeja.

Uno más es el de Francisco Javier “N” alias El Ex Federal. Un juez federal determinó no vincularlo a proceso penal pese a las evidencias y no obstante que este ex agente de Policía Federal está implicado en el desvío de 2 mil 500 millones de pesos en cheques de la extinta corporación policiaca. Él mismo se había entregado a las autoridades. Es uno de los 19 ex funcionarios de la PF acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El subsecretario expuso ocho casos más. Asimismo, exhibió un listado de ex legisladores del PAN y del PRI, en ambas cámaras, que aprobaron la reforma para establecer la prisión preventiva oficiosa en 2008, entre los que están el panista Santiago Creel y el tricolor Alejandro Moreno, por citar sólo algunos.