Mexicali. La diputada del Partido del Trabajo, Claudia Agatón, exhortó a los cinco ayuntamientos y a los Concejos Fundacionales de San Felipe y San Quintín que aprueben en sus Leyes de Ingresos 2023 un apoyo para las personas adultas mayores y con discapacidades consistente en exentarles el pago de alumbrado público.

La petista señaló que a este apoyo extraordinario para su economía debe contar con un enfoque preferencial dentro del desarrollo de las actividades de los municipios y de la administración estatal.

Baja California es una de las 21 entidades del país donde se realiza un cobro del DAP, a través del recibo de la Comisión Federal de Electricidad. En el caso de Mexicali se aprobó el pago de 15 pesos por cada cuenta de servicio de energía eléctrica, aunque la alcaldesa Norma Bustamante precisó que se trata de un derecho al alumbrado público y no un impuesto a la energía que se brinda a través de las luminarias.

Agatón Muñiz precisó que los apoyos de los ayuntamientos de Ensenada, Tijuana, Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito, así como de los municipios de reciente creación, es incluir en sus respectivos proyectos de Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023 y demás documentos vinculantes a las personas adultas mayores de 65 años y con discapacidades exentarles del pago del derecho por servicio de alumbrado público.

En los próximos días, cada administración municipal iniciará los trabajos de análisis y elaboración de sus proyectos, con los que se definirán los conceptos básicos con los cuales podrán captar los recursos financieros que les permitan cumplir con sus obligaciones durante el siguiente ejercicio.

La legisladora del PT expuso que las Leyes de Ingresos son elaboradas con base en parámetros de justicia social, humanidad y proporcionalidad de los ingresos individuales de cada contribuyente y no solo con la intención de captar ingresos.

Lograr justicia social, dijo Claudia Agatón, implica un esfuerzo diario de todo el engranaje de la administración pública, además de observar necesariamente a las personas pertenecientes a grupos específicos que, por sus necesidades propias, requieren de la aplicación de políticas públicas con la perspectiva de derechos humanos.

Estas acciones, pueden llamarse “acciones afirmativas” y aplicarse en favor de personas o grupos en situación de discriminación con el objetivo de corregir situaciones de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos o libertades.

Tras señalar que estas acciones afirmativas deben aplicarse mientras subsistan desigualdades, la diputada expuso que, en este esquema, es una realidad que personas adultas mayores y con discapacidad se encuentran en una situación económica complicada.

Por ello, agregó, requieren un apoyo extraordinario en su economía y debemos considerarlos con un enfoque preferencial.