Nueva York. Donald Trump se encuentra cada vez más en un jaque legal ante múltiples investigaciones por autoridades federales, estatales y locales por lo que él y sus aliados elevan la amenaza de violencia política ante un eventual proceso judicial contra el ex presidente.
Por ahora, Trump y sus abogados están batallando contra la investigación criminal el Departamento de Justicia contra el ex mandatario por posibles delitos de violar tres leyes federales, incluyendo la Ley de Espionaje, así como por posible obstrucción de la justicia, en el manejo de documentos oficiales secretos que tenía en su posesión en su residencia privada en Florida, muchos de los cuales fueron confiscados ahí en el cateo sin precedente realizado por la FBI el 8 de agosto.
Esta semana se espera que una juez en Florida -nombrada a su puesto por el propio Trump- determine si nombra un árbitro legal para evaluar si algunos de los documentos son parte del llamado privilegio ejecutivo. Pero más que nada, esta maniobra es para demorar y entorpecer el proceso legal, una táctica que ha empleado repetidamente como presidente y antes como empresario.
Pero eso no resolverá la disputa legal ya que se trata manejo de documentos secretos, incluyendo algunos clasificados al máximo nivel de secreto por tratarse de material relacionado con asuntos militares y el manejo de agentes e informantes clandestinos en otros países. El posible daño para la seguridad nacional de Estados Unidos ya lo está evaluando la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional.
En otros flancos, Trump también enfrenta investigaciones criminales sobre interferencia y promoción de fraude electoral en el condado de Fulton en Georgia junto con algunos de sus socios y aliados, un caso que algunos expertos consideran el más peligroso para el ex-mandatario ya que si es formalmente acusado enfrentaría consecuencias penales severas.
Por otro lado, proceden investigaciones sobre maniobras posiblemente ilícitas de su empresa en el estado de Nueva York. A la vez, aun se espera si la extensa evidencia recaudada por la investigación por el Congreso del intento de golpe de Estado que culminó con el ataque contra el Capitolio en enero de 2021 obligará al Departamento de Justicia de abrir una nueva investigación criminal contra el ex mandatario.
Trump y sus cómplices han insistido que él es una víctima inocente de una persecución política impulsada por los demócratas de “izquierda radical”, y el “estado profundo” corrupto que ahora maneja la FBI entre otras agencias.
Aunque con cada día donde se revelan más detalles, sobre todo el caso de los documentos secretos, el volumen de los gritos de protesta y denuncia de sus aliados se han disminuido, algunos insisten en mantener su lealtad a todo costo y casi siempre - junto con el ex presidente - aluden a la posible violencia política que esto puede desatar en el país.
“Si hay un proceso judicial de Donald Trump por el manejo indebido de información clasificada… habrá revueltas en la calle”, advirtió el senador republicano Lindsey Graham en una entrevista en Fox News el domingo.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó comentarios como ese como “peligrosos”. Varias figuras reconocidas en la cúpula política también repudiaron las afirmaciones por nutrir la violencia política. Richard Haas, presidente del Consejo sobre Relaciones Exteriores, dijo en las redes sociales que la declaración de Graham “es irresponsable… ya que será percibida por algunos como un llamado a la violencia, funcionarios públicos están obligados a llamar por el imperio de ley”.
David Simon, el ex periodista y creador de algunas de las series de televisión más famosas de los últimos años, incluyendo The Wire y Treme, señaló en respuesta a todo esto que “no creo que habrá sangre en la calle si el escroto estafador es acusado y procesado judicialmente. Pero si el precio de una nación de leyes es sangre en la calle, entonces que corra sangre. No hay otra opción para una república. Ninguna”.
