La verdad histórica, “fundada en actos de tortura”, se diseñó en los más altos niveles del gobierno federales “e involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas”, subrayó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas.

El también presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Aytotzinapa del gobierno federal estuvo en la mañanera de este viernes para ahondar en el contenido del informe y sus diferencias con la llamada verdad histórica –que fue le versión oficial en el sexenio pasado, en la que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ahora detenido y sujeto a proceso, jugó un papel preponderante—, esto para responder a las voces que siguen defendiendo esa versión y alegan que ambas concluyen lo mismo.

El funcionario remarcó que será en esas reuniones que se dieron al más alto nivel durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde hoy las autoridades correspondientes –la fiscalía y los jueces— tendrán que ubicar no sólo el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de las acciones para construir la verdad histórica, “que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen y particularmente lo que está plenamente acreditado es haber creado una verdad fundada en actos de tortura”.

Enfatizó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa debió evitarse, “sin duda las omisiones de la autoridad –de los tres niveles de gobierno— permitieron que ésta se concretara”.

El subsecretario destacó que una diferencia “sustancial, de fondo”, entre la verdad histórica y el informe de la comisión que encabeza es que la primera “se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los detenidos, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie”.

El funcionario destacó que el informe de la Comisión que preside es resultado de la reconstrucción y análisis del caso Iguala en dos momentos: el análisis de los antecedentes, hechos y contexto de personas que participaron en la desaparición forzada de los jóvenes, las repercusiones posteriores y la intervención de las autoridades de diferentes órdenes de gobierno en el encubrimiento de los hechos.

Y dos, “dicen que es una posición política de gobierno, pero no, es el resultado de un proceso de investigación y análisis técnico y científico que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico asesor y de un grupo interdisciplinario integrado por personas de diversas instituciones públicas convencidas que ciencia y tecnología deben estar al servicio de la verdad.

“Y sí, también hay un contenido político: esclarecer un crimen, más que uno de Estado, además que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y voluntad política para ir al fondo de los hechos”, apuntó el subsecretario.

Algunos los críticos sostienen que el informe se basa en una fuente, a lo que Encinas replicó que hay al menos 13 fuentes básicas distintas: toda la información y documentación que aportaron las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina y Armada de México, de Seguridad y Protección Ciudadana, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Guardia Nacional, de la procuraduría y fiscalía del estado de Guerrero, de la Fiscalía General de la República; así como de los informes que ha elaborado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro Geo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del propio Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que es una de las cuatro organizaciones que ha acompañado a los padres de los normalistas desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

“Los críticos dicen que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo que la verdad histórica, lo que es absolutamente falso. La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF en ese municipio (María de los Ángeles Pineda), lo cual es falso, porque la misión de ellos era tomar camiones y su llegada a Iguala fue al momento que había concluido este evento, e incluso el festejo organizado en la plaza central había concluido”, detalló Encinas.

Otra diferencia, agregó, es que la versión de Murillo Karam –que fue encabezada por el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, prófugo de la justicia que se encuentra en Israel— apuntaba que se dieron “enfrentamientos” entre estudiantes y policías municipales de Iguala, “los cuales no existieron porque fueron agresiones de los uniformados a los jóvenes”; la verdad histórica agrega que policía de Iguala entregó al grupo delictivo Guerreros Unidos a los normalistas, quienes fueron ultimados a incinerados en basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plásctico y vertidos en el río San Juan.

A lo que el subsecretario replicó: “En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, hubo un operativo especial que los dispersó en distintas regiones del perímetro de Iguala y sí, hubo actos de agresión donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con fuerzas de seguridad y autoridades de orden municipal, estatal y federal, ultimaron y desaparecieron a los estudiantes”.