La orden de desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa la dio El A1, quien presuntamente sería el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca; y dirigentes del grupo delictivo Guerreros Unidos, en colusión con otras autoridades de diversos órdenes de gobierno.

Así lo dio a conocer esta mañana el presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) para el Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, también subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG).

En los hechos también habría participado el comandante del 27 batallón del Ejército, con sede en Iguala, José Rodríguez, identificado como El Coronel, quien habría ejecutado a los últimos seis normalistas que estuvieron detenidos en una bodega varios días después de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Al participar este viernes en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario Encinas develó un diagrama que contiene los nombres y la red de vínculos que se dieron para la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal. Esta información estaba testada en la copia del informe sobre el caso que el propio funcionario dio a conocer la semana pasada debido a que no se habían emitido las órdenes de aprehensión contra muchos de los presuntos involucrados, incluidos militares.

“¿Quiénes dieron la orden (de desaparecerlos)? Participa A1, presuntamente José Luis Abarca; los dirigentes de Guerreros Unidos, y en colusión algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación (realizada por la Comisión)”, apuntó Encinas.

En informe asienta: “A1 dio la orden de recuperar la mercancía: ‘me chingan a todos a discreción’. A1 ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben ‘quién es quién’ y se está calentando la plaza demasiado, ‘mátalos a todos, Iguala es mío’”.

Al ser interrogado sobre dónde estarían los normalistas o sus restos, el subsecretario respondió: “Por supuesto, fueron objeto los muchachos de una labor cruel de desaparición y se está tratando de ubicar los sitios donde hay testimonios de algunas de las personas involucradas, de que incluso fueron removidos los restos a otro lugar después de la noche de la desaparición. Son los temas que estamos nosotros analizando”.

Remarcó que no le toca a la comisión a su cargo, sino que corresponderá a la justicia civil y militar llegar a las realizar las investigaciones, acusaciones, conclusiones y encaminar todo esto hacia la verdad y la justicia –que ha sido la exigencia central de las familias de los 43 estudiantes.

“Nosotros estamos aportando todos los hallazgos, indicios y evidencias a la Fiscalía General de la República, particularmente a la Unidad Especializada para la Litigación del Caso, ellos tendrán que ir delineando las responsabilidades, esto es muy importante. Nosotros somos una comisión por la verdad y el acceso a la justicia, no somos policías, no somos ministerio público; nosotros estamos aportando toda la información que nos permita esclarecer los hecho y será la propia autoridad la que defina el alcance de las responsabilidades”.

Agregó: “hay responsabilidades dentro la justicia militar, porque no se aplicó el protocolo de búsqueda que establece la Secretaría de la Defensa Nacional para soldados desaparecidos, pero también será la autoridad militar quien tome las decisiones”. Esto debido a que el Ejército tenía infiltrado en la normal a uno de sus elementos, Julio César López Patolzin, quien es uno de los 43 normalistas, debido a que los protocolos de las fuerzas armadas demandan resguardar la integridad de los soldados en riesgo.