El secretario de Gobernación, Adán Augusto López y la consejera jurídica de Presidencia, María Estela Ríos González, acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para entregar personalmente el escrito con la postura del gobierno federal sobre los proyectos para desaparecer la prisión preventiva oficiosa “PPO”.

Entrevistado brevemente al salir de la SCJN, el funcionario dijo que confía en que los ministros “seguramente leerán con atención nuestro comunicado y tomarán su decisión”.

Explicó que la discusión del tema en el máximo tribunal no se retrasó, sino que, conforme a turno, será discutido en los primeros días de septiembre.

Señaló que el comunicado, difundido por la Segob el miércoles pasado, es la postura del gobierno federal respecto a la PPO y que no hay variaciones.

El encargado de la política interna del país señaló que el mandatario federal –quien señaló ayer en la mañanera que eliminar ese tipo de detención en delitos graves propiciaría impunidad y corrupción— no ha dialogado sobre este tema con el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

Agregó que en turno para la discusión del proyecto del ministro Luis María Aguilar –que apunta a eliminar la prisión preventiva oficiosa en 19 delitos graves— tocó para los primeros días de septiembre, por lo que el gobierno federal estará atento a las discusiones.

Abordada también en las inmediaciones de Palacio Nacional, Ríos González sólo respondió escuetamente: “Sin comentarios”.

Ayer, en su postura oficial –firmada por el secretario de Gobernación y la consejera jurídica de la Presidencia de la República—, el gobierno de López Obrador enfatizó que es esencial mantener la prisión preventiva para presuntos responsables de delitos graves.

El comunicado emitido por el Ejecutivo detalló que si la SCJN elimina esa medida, propiciaría que los acusados escapen o continúen delinquiendo, y expondría a la violencia a víctimas, testigos y jueces, enfatizó ayer el gobierno federal.

Agregó que en ese escenario, también surgiría el riesgo de que impartidores de justicia pudieran incurrir en actos de corrupción.

Esto ante el debate sobre el tema, que el máximo tribunal abrirá en los próximos días.

El gobierno federal solicitó que la Corte se incline por mantener esa medida cautelar para todos los delitos considerados graves, tal y como hoy lo establece la Constitución.

Está previsto que el 5 de septiembre la SCJN analice el proyecto del ministro Aguilar, que propone la supresión de esa pena bajo el argumento de que viola los derechos humanos en los términos de tratados internacionales a los cuales está adherido México.

Conforme al proyecto, se dejaría a los jueces penales en libertad de decidir, caso por caso, a quién se debe sujetar a prisión preventiva mientras se le juzga.

“Pedimos al máximo tribunal que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República, y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”, planteó en su postura la administración de López Obrador.