Ciudad de México. Al cumplirse hoy 12 años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en donde 72 migrantes fueron asesinados, organizaciones denunciaron que aún hay nueve víctimas sin ser identificadas y siete familias siguen esperando que se les autorice la revisión de los cuerpos que les fueron entregados “fast-track” entre 2010 y 2011, para tener la certeza de que efectivamente son los de sus seres queridos.

En este marco, esta tarde se congregaron en el antimonumento +72, ubicado en avenida Paseo de la Reforma, enfrente de la embajada de Estados Unidos, para honrar la vida de todos los migrantes y de las personas que les siguen buscando.

Ahí colocaron fotografías de algunas de las víctimas de la masacre, flores y mensajes en los que se leía “justicia +72 migrantes”, y “#yaestiempo”.

En un pronunciamiento conjunto, Fundación para la Justicia, los comités de familiares de migrantes desaparecidos de Guatemala y de Honduras, Casa del Migrante Saltillo, entre otras. manifestaron que este crimen es emblemático “de la grave situación de violencia contra las personas migrantes que no cesa en nuestro país y de las tragedias a las cuales está sujeta dicha población”.

Detallaron que seis familias de Guatemala y una de Brasil llevan cerca de 10 años esperando la revisión de identificación de los cuerpos que les fueron entregados fast-track, “sin explicación, sin documentación, sin siquiera poder verlos”. Una de ellas es de Ángela Pineda Morales, quien murió el año pasado sin saber si los restos que recibió son efectivamente de su hija Mayra Izabel.

En el antimonumento también difundieron el caso de la señora Vilma, quien a través de un video previamente grabado desde Guatemala, cuestionó cómo es que por medio de una fotografía las autoridades iban a estar seguros de que los cuerpos que les entregaron, entre ellos el de su esposo, fueran los correctos. Pidió que se les ayude a investigar “y se haga justicia”.

Las organizaciones sostuvieron que no se ha contado “con la voluntad de alto nivel del gobierno mexicano para que logren un acuerdo con sus pares guatemaltecas, para llegar a un acuerdo que permita la exhumación de los cuerpos en territorio guatemalteco y la revisión de los mismos por parte de la Comisión Forense, integrada por peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)”.

Expusieron que desde la masacre de los 72 migrantes de San Fernando, “que sigue impune”, han ocurrido otras como la Cadereyta (2012), Güémez (2014) y Camargo (2021). Y si bien para la investigación de los casos, la FGR “aceptó el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), éste no se ha concretado”.

Urgieron la conformación de la Comisión Especial para la Investigación de Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes, recomendada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.