Ciudad de México. El gobierno federal enfatizó que es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa para los presuntos responsables de delitos considerados de gravedad, a fin de evitar que escapen, continúen cometiendo crímenes o actúen en represalia contra las víctimas, los denunciantes o los testigos. 

Al fijar la postura oficial sobre la próxima discusión que se dará en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se determinará si se elimina la prisión preventiva oficiosa en delitos graves, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar la detención preventiva de oficio, causaría una presión adicional sobre ellos y los expone a la corrupción y la violencia.

La posición de la administración federal fue dada a conocer esta tarde y es firmada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y la consejera jurídica de la Presidencia de la República, María Estela Ríos González, tal como lo adelantó esta mañana el propio mandatario federal, quien además alertó que de aprobarse en la SCJN el proyecto para eliminar obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa se propiciaría la impunidad y la corrupción.

“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas.

“Se trata de evitar, de igual manera, que evadan la acción de la justicia; que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad”, argumentaron los funcionarios federales en el comunicado difundido por la Presidencia de la República.

Agregaron que “dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”.

Subrayaron que hoy en día en ilícitos de “alta gravedad” como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción —tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones—, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud, la Constitución establece que los presuntos responsables enfrenten el proceso en prisión.

“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República, y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”.

El secretario de Gobernación y la consejera jurídica remarcaron que la estrategia nacional de seguridad pública y la política de cero impunidad “persiguen garantizar la paz y la tranquilidad de la población y conseguir que las investigaciones por los delitos impliquen no sólo la detención de las personas que los cometen, sino también la obtención de autos de vinculación a los procesos penales y sentencias condenatorias (cero impunidad), con pleno respeto a los derechos humanos”.