Chilpancingo, Gro. El catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Arturo Miranda Ramírez, aseguró que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero tiene que rendir cuentas ante la autoridad judicial sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, pues él “fue quien infiltró a seis presuntos ‘jóvenes pobres’” a esa escuela, “dos de los cuales estuvieron al tanto de la desaparición de sus demás compañeros el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala”.
Entrevistado vía telefónica, el también ex guerrillero de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), recordó que “después de que el 12 de diciembre de 2011, Aguirre Rivero (1 de abril de 2011 a 24 de octubre de 2014) ordenó el brutal desalojo de la Autopista del Sol México a Acapulco —en el que murieron los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús— e inició una furiosa campaña en los medios de comunicación de la entidad para desaparecer a la escuela, misma que culminó con la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014”.
Después de ese incidente, reveló, “los normalistas se pusieron en huelga, y también se empezó a promover desde la Secretaría de Educación en Guerrero, a través de su titular Silvia Romero, que los maestros se negaran a regresar a clases, y en este caso fueron los maestros los que cerraron la escuela”.
Fue entonces, agregó Miranda Ramírez, “que se empezó a promover la participación de maestros de la UAG, y otras instituciones educativas, para impartir clases en la Normal; fue así como los maestros mafiosos en paro en ese plantel, que también son conservadores, y con consignas policíacas porque su comportamiento así lo demostró, empezaron a ceder, pero también hubo infiltración de maestros”.
Por otro lado, acotó, “se logró avanzar en la conformación de una comisión nacional en la que participaron diversas personalidades, y organizaciones no gubernamentales, como SERAPAZ, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para enfrentar, por decirlo de algún modo, la amenaza de Aguirre Rivero de cerrar la Normal de Ayotzinapa, y de esa manera iniciaron las negociaciones”.
A través de esta comisión, reiteró, “se logró la indemnización a los familiares de los jóvenes asesinados, y se lanzó la convocatoria de ingreso en las comunidades rurales indígenas, y urbanas pobres de la entidad; incluso, se pretendió bajar la matrícula estudiantil, pero finalmente se logró que se preservara, y fue como se impidió reducirla”.
La muerte de los dos compañeros estudiantes “reflejaba la criminalidad y la fobia que tenía Aguirre Rivero hacia la Normal de Ayotzinapa, de ahí su campaña mediática y furiosa en los medios de comunicación en contra de la escuela, para justificar el cierre de la Normal; la encuesta o campaña, fue en toda la entidad, para que se viera que era el pueblo el que decidía su cierre”.
Fue en ese momento, más o menos en febrero de 2012, finalizó, “cuando desde el gobierno y la SEG, se presionó para que se aceptara como alumnos de nuevo ingreso a ‘seis muchachos pobres’, que proponía el gobierno estatal; recuerdo que integrantes de la comisión nacional les sugerimos que no aceptaran a la gente de fuera”.
Finalmente “se aceptó que ingresaran, no supimos si entraron los seis, o solamente uno o dos de los infiltrados, entre ellos a (Julio César López) Patolzin, que fue uno de los que ingresaron en 2012, como lo señala la Comisión del caso Ayotzinapa”.
Eso significa, continúo Miranda Ramírez, que “él o los infiltrados dieron la información de lo que sucedía en septiembre de 2014; por eso Aguirre Rivero tiene responsabilidad en el caso de los infiltrados, y a pesar de que dijo que no sabía nada al respecto, miente”.
Sostengo que “los infiltrados del 26 de septiembre de 2014, están desaparecidos, no sé si también los asesinaron, aunque no por la misma situación que vivieron los 43 normalistas. Una de las reglas del Estado, o del Ejército y la policía, era garantizarles seguridad a sus infiltrados, e incluso si es preciso sacarlos del país”.
Probablemente “los dos o seis infiltrados fueron sacados del país, y en el peor de los casos fueron desaparecidos o asesinados también, y creo que sus papás bien podrían aportar alguna información. No descarto que los hayan enviado a otro lado, para informar del paradero de los demás. Aunque también es probable que los hayan incinerado, pero por otras acciones, y hay que diferenciarlo de los muchachos de Ayotzinapa, que no sabían lo que estaba sucediendo”.
“A Ángel Aguirre y a Silvia Romero, se les debería convocar por parte de las instancias judiciales, para que digan los nombres reales de los seis estudiantes que infiltraron en la Normal de Ayotzinapa; ellos saben muy bien, porque estuvimos como miembros de la comisión nacional en las reuniones que sostuvimos en Casa Guerrero, con Aguirre Rivero, y otros funcionarios”, concluyó.
