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Refrenda CNDH su solidaridad con padres de los 43 normalistas

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Publicación de la CNDH en su cuenta de twitter.
20 de agosto de 2022 21:19

Ante los avances en las investigaciones desarrolladas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que derivaron en la detención del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos refrendó su solidaridad con las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, y su compromiso de acompañarlos hasta asegurar el pleno acceso a la verdad y a la justicia que desde hace ocho años reclaman.

Asimismo, confió en que en esta ocasión el trabajo de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia sea el pertinente para esclarecer los hechos, de manera que todas las personas responsables de la desaparición forzada de los estudiantes, ya sea por acción u omisión de sus funciones, sean juzgados y sancionados conforme a derecho.

“Los crímenes de lesa humanidad, como la tortura y desaparición forzada, no prescriben, y su castigo resulta fundamental para la construcción de un auténtico Estado de derecho en México”, aseveró en un pronunciamiento, al tiempo que manifestó que estará atenta al desarrollo de los procesos que, con motivo de las investigaciones, tengan lugar.

También, hizo un llamado a los jueces “para que no permitan que la impunidad manche” sus acciones, “fundamentales para alcanzar la verdad y la justicia, y para resarcir el daño causado a las familias de las víctimas de este condenable crimen de Estado”.

La Comisión Nacional destacó que, como lo expresó en su momento en su Informe de la Recomendación 15VG/2018 sobre el Caso Ayotzinapa, la detención de Murillo Karam y las demás acciones que deriven de la investigación, a concretar por la Fiscalía General de la República (FGR), “demuestran que la llamada verdad histórica fue solo un argumento construido desde el Estado, en complicidad con la propia CNDH”.

Fue “para ocultar los hechos y a quienes estuvieron implicados en ellos, tanto en su ejecución como en su encubrimiento, recurriendo incluso a la tortura de personas y a la alteración o modificación de los escenarios en donde pudieron encontrarse indicios para realizar una adecuada investigación, colusión que hoy queda acreditada pero que por años se acalló, y que sólo buscaba ocultar los lazos entre grupos del crimen organizado y autoridades federales, estatales y municipales”, expuso.

Reiteró que el caso Ayotzinapa “es una historia del horror, de ignominia, de terror, de impunidad y de corrupción, que enmarca la violencia estructural, las prácticas sistemáticas de tortura y de desaparición forzada, por años ejercitadas desde las instituciones del Estado, particularmente por aquellas diseñadas para garantizar y proveer seguridad a la sociedad, junto con las que son responsables de la procuración y administración de justicia”.

La Comisión Nacional recordó que en el citado informe “se acreditó que los dictámenes u opiniones técnicas que emitió personal de la CNDH en su momento fueron realizados en gabinete, es decir, que ni siquiera se acudió al lugar de los hechos; que la aplicación de los protocolos de Estambul presentó serias deficiencias que no permitieron la documentación de prácticas de tortura realizadas a diversas personas detenidas; que en varios momentos, la extinta Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH actuó bajo una lógica de investigación ministerial y no de documentación de violaciones a derechos humanos, facultad constitucional de este Organismo Nacional”.

Asimismo, que el trabajo de dicha Oficina Especial “se hizo bajo secrecía y compartimentación de la información, a tal grado que las personas que participaron en las diversas diligencias desconocían lo que el resto del personal realizaba en torno al caso; que se obvió el papel de integrantes de las Fuerzas Armadas que en su momento tuvieron conocimiento de los hechos, y que no se consideró la importancia de investigar la cadena de los mandos medios policiacos, y su participación por acciones u omisiones durante los hechos victimizantes. Además, que se omitió el hallazgo de porciones petrosas de huesos, importantes para las investigaciones”.

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