Ciudad de México. En un nuevo avance de las investigaciones en torno a las irregularidades en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, afirmó que la dependencia –con apoyo de auditorías independientes– detectó anomalías por 9 mil 500 millones de pesos.

Se han presentado 38 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR); un funcionario medio está procesado por transferencias irregulares de 950 millones de pesos y se ha removido toda la estructura de mando a la espera de eventuales responsabilidades judiciales, expuso.

Durante la conferencia presidencial, Salcedo señaló que las observaciones realizadas por SFP y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) arrojaron un monto de 9 mil 500 millones de pesos (6 mil y 3 mil 500 millones, respectivamente) involucrado en discrepancias. Se observó que se incrementaron las inconsistencias en el registro de operaciones y en los casos en que no se aportó la información requerida por los auditores, destacó.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que independientemente de los rangos de los funcionarios involucrados hasta ahora, no habrá impunidad ni se permitirá la corrupción. Un dato importante es que ya se venía haciendo. O sea, en el sexenio pasado esa financiera (no dijo el nombre) había manejado igual dinero de Diconsa. Tan es así que también movía recursos de gobiernos estatales que (ahora) tienen el mismo problema.

Como ha documentado La Jornada, Salcedo informó que la SFP practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex, en 2019, y hasta el cierre de 2021, que incluyeron auditorías, visitas y verificaciones, con montos observados por 6 mil millones de pesos.

Con motivo de la revisión de la cuenta pública 2020, la ASF promovió diversas acciones en las tres entidades, que en conjunto incluyen 22 pliegos de señalamientos por 3 mil 465 millones de pesos. Los montos observados por ambas instituciones ascienden a 9 mil 500 millones. Es importante aclarar que lo observado no es necesariamente sinónimo de daño patrimonial, sino de aclaraciones.

Salcedo subrayó que de las investigaciones emprendidas, han cesado a servidores públicos de áreas centrales y operativas en toda la República, sin menoscabo de las acciones legales y administrativas que resulten en su contra.

Hasta ahora, el caso más relevante es el de un funcionario vinculado a proceso por invertir, mediante intermediarios financieros, 950 millones de pesos en instrumentos de alto riesgo. Esta acción se realizó sin respetar la norma vigente. El capital ya fue recuperado en su totalidad y los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados.

Con el propósito de combatir la impunidad, dijo, el grupo está abocado a recabar las evidencias que permitan a las instancias competentes integrar debidamente las investigaciones en curso para, en su caso, ponerlos a disposición del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.