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Solicita fiscalía de Campeche el desafuero de 'Alito' Moreno

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"No espero justicia, espero venganza", dijo ayer el dirigente del PRI al conocer imputaciones. Foto María Luisa Severiano
17 de agosto de 2022 08:35

Ciudad de México. La Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó ayer a la Cámara de Diputados instaurar un juicio de procedencia para retirar la inmunidad constitucional al dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, a quien acusó de enriquecimiento ilícito, delito que se castiga hasta con 25 años de cárcel. Los audios que ha filtrado la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sobre Alito no forman parte de la carpeta de investigación.

La base para acusar a Moreno Cárdenas es la desproporción entre sus ingresos y una de sus propiedades en Campeche, el menaje de casa y obras de arte que adquirió cuando fue gobernador del estado, según la carpeta de investigación. El fiscal de la entidad, Renato Sales Heredia, informó que otros bienes están a nombre de la madre y del hermano del líder priísta, así como de amigos que actuaron de prestanombres.

Además, la fiscalía investiga otra propiedad, un departamento de lujo en la calle de Emerson, en Polanco, Ciudad de México. Moreno Cárdenas también posee otro departamento de 250 metros y una casa de tres niveles en Bosques de Las Lomas, que tiene paredes y cristales blindados y donde las 24 horas hay guardias con armas largas.

De manera inusual, quien informó de la entrega de la petición de desafuero fue el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), quien mostró a los medios el legajo que le entregó Sales Heredia. Conforme a la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso, Gutiérrez Luna tiene que velar por la inviolabilidad del recinto y de preservar el fuero de los diputados.

El trámite formal prevé que las solicitudes de desafuero se entreguen ante la secretaría general, que a su vez lo turna a la sección instructora, instancia que a un año de la actual Legislatura no ha sido integrada.

Gutiérrez Luna –quien está en abierta campaña para obtener la candidatura al gobierno de Veracruz– anticipó en conferencia de prensa que él mismo solicitará a la Junta de Coordinación Política que acuerde la constitución de la sección instructora. En tanto esto ocurre, la solicitud que ayer tenía en sus manos el morenista, sin tener atribuciones para ello, será resguardada por la secretaría general.

Nada personal: Sales Heredia

Durante la conferencia conjunta con el legislador, al fiscal de Campeche se le recordó su histórica rivalidad política con Moreno Cárdenas, pero el funcionario aseguró que la indagatoria es al margen de las diferencias con el priísta.

Añadió: No hay nada personal. No es un acto político en función de un opositor; que tenga consecuencias políticas, es diferente.

Sales Heredia sostuvo que hay elementos sólidos para determinar que existe una desproporción entre las propiedades de Alito y sus ingresos.

Informó que tan sólo la mansión del dirigente priísta en el exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo en Campeche, que fue cateada el 5 de julio en un operativo encabezado por el propio fiscal, está valuada en 130 millones de pesos. El mármol de los pisos es del extraído de los Alpes de Carrara, Italia, y en esa propiedad la fiscalía encontró varias piezas del personaje Timoteo del escultor Rodrigo de la Sierra, así como cuadros del pintor oaxaqueño Fernando Andriacci, varios de los cuales Moreno compró durante sus giras en la campaña por la gubernatura del estado.

La investigación concluyó que Alito adquirió terrenos en 19 centavos el metro, cuando el valor comercial es de entre 2 mil 500 y 5 mil pesos el metro.

–¿Las propiedades están sólo a su nombre o de familiares del dirigente del PRI? –se preguntó al fiscal.

–Algunos de los lotes están a nombre de su hermano, de su madre y amigos.

–¿Amigos? ¿Es decir, se trata de prestanombres?

–Sí –respondió.

Explicó que, así como ocurre con el delito de lavado de dinero, en el caso de enriquecimiento ilícito la carga de la prueba para justificar la diferencia entre ingresos y gasto le corresponde al imputado, en este caso Alejandro Moreno.

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