Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia descubrió más hechos relacionados con las indagatorias de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, orientadas al enriquecimiento ilícito entre ex servidores públicos, empresarios del sector de bienes raíces y funcionarios de la alcaldía, que “puede dar pie a nuevas líneas de investigación”, informó el coordinador de asesores de la dependencia, Ulises Lara López.

En el aseguramiento de equipo de cómputo en el cateo de 42 inmuebles presuntamente relacionados con los ex directores de Jurídico y Gobierno, Luis Vizcaíno Carmona, y de Obras y Desarrollo Urbano, Nicias René Aridjis, se descubrió que el común denominador es la irregularidad con la que se autorizaron sus permisos para ser construidos y habitados.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial dirigió recomendaciones en 2014 y subsecuentes años a los titulares de la demarcación -cuando estaban en el cargo Jorge Romero, Christian Von Roehrich y Santiago Taboada- respecto a inmuebles ya construidos, que incumplieron con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.

Ello, argumentó en un informe, al construir más niveles de los permitidos e incumplir con los requisitos necesarios para registrar su manifestación de construcción, por lo que recomendó al respectivo jefe delegación iniciar los procedimientos administrativos y sancionar con la demolición de los niveles excedentes.

Así como iniciar las acciones administrativas o penales contra el Director Responsable de Obra y/o servidores públicos involucrados sin que hubiera ocurrido hasta el momento, aunque las denuncias recibidas han permitido integrar más inmuebles relacionados con esos ex servidores públicos, ya sea en su propiedad, comercialización o arrendamiento, indicó.

En un mensaje a medios, el también vocero de la FGJ señaló que estos actores establecieron distintas sociedades que probablemente constituyan un conflicto de intereses, las cuales los pudo haber llevado a quebrantar las facultades legales de la administración pública local.

Las denuncias de vecinos afectados por las prácticas en que presuntamente incurrieron dichos ex servidores públicos permitió identificar inmuebles en la colonia San José Insurgentes -calificada por sus habitantes como una muestra de la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, como lo publicó La Jornada-, en la calle de Josemaría y Barragán.

El Programa de Desarrollo Urbano Delegacional permite un máximo de tres niveles, pero hay construcciones que cuentan con cuatro y lo mismo ocurre en la calle de San Francisco.

Actipan, donde el máximo son cuatro niveles y se tienen edificaciones con seis pisos y en Capuchinas se permiten tres y hay algunas con seis niveles.

Por ello, exhortó a la ciudadanía, empresarios o representantes sociales a aportar datos que permitan robustecer la indagatoria, pues la FGJ “no tolerará conductas al margen de la ley e investigará a quienes cometan cualquier acto o conducta fuera de ella”.