El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se han detectado irregularidades en el manejo de la mina El Pinabete, de Sabinas, Coahuila, siniestrada la semana pasada y en la que aún están atrapados 10 trabajadores.

Los empleados, afirmó, fueron inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) después del accidente y no están sindicalizados.

En la mañanera de ayer, dijo que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) –que ya investiga los hechos– actuar con rigor e ir a fondo para que no haya impunidad, por lo que no debe limitar las indagatorias al encargado de la mina, sino también a los titulares de la concesión, a representantes sindicales y funcionarios que pudieron avalar su operación.

Previamente, en la reunión de seguridad que se realiza a diario en la sala Ignacio Zaragoza –atestiguada por reporteros–, el mandatario solicitó un informe sobre los dueños de la mina, a lo que el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, puso sobre la mesa tres nombres:

Régulo Zapata Jaime, ex alcalde de Sabinas; Carolina Morales Iribarren, ex alcaldesa de ese municipio y actual subsecretaría del Trabajo del gobierno de Coahuila; y el hijo de ésta, Régulo Zapata Morales, quienes han negado tener relación con la mina.

Ya durante la conferencia de prensa, el Presidente indicó: En el caso de esta mina en particular sí se hacen inspecciones. De manera muy extraña, según el informe que me presentaron, una vez que sucedió el accidente fueron a inscribir a los trabajadores al Seguro Social, además de que no están sindicalizados.

Consideró que seguramente es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores al Seguro y no a los concesionarios. En toda esa región ha habido mucha corrupción, es lo que ha imperado, la corrupción, cacicazgos, y con mucha influencia política, gobernadores caciques en toda la región, y empresarios también corruptos, vinculados a políticos.

Se le insistió del riesgo que las responsabilidades se limiten a la persona identificada por la FGR como Cristian N, representante jurídico de la empresa y a quien se le imputan los delitos de actos de dirección y administración en la explotación ilícita del subsuelo, propiedad de la nación, a través de la mina.

Al respecto, López Obrador remarcó que la investigación no puede cerrarse sólo en esa persona.

–¿También se irá por los funcionarios que habrían permitido la operación? –se le insistió.

–(Contra) los que resulten responsables, no hay impunidad para nadie. Y puede ser que quieran maniobrar de esa forma (intentar que haya un solo responsable). La gente de allá sabe bien qué pasa, qué sucede, quiénes son los que están detrás de todos estos asuntos irregulares. Todas estas minas que se explotan de manera clandestina o que tenga concesión, no avisan, no hay por eso supervisión de autoridades. Hay que investigar bien, a fondo, pero ahora (la prioridad es) el rescate.

Al dar el parte del avance en las operaciones para recuperar a los 10 mineros atrapados, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que en el transcurso del viernes ingresarían los equipos de rescate.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, comentó que el nivel del agua en los pozos era de 70 centímetros en uno, 3.9 metros en el segundo y 4.7 metros en el tres.