Tras el asesinato de cuatro empleados de la empresa Mega Radio, por un grupo del crimen organizado, el 11 de agosto pasado en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que coordina esfuerzos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para ofrecer los apoyos que requieran los familiares de las víctimas y la radiodifusora Switch 105.9 FM.
En un comunicado, lamentó el asesinato de Allan González, Lino Flores, Armando Guerrero y Alex Arriaga, y se solidarizó con sus familiares, colaboradores y audiencias de la estación.
El ataque contra los trabajadores de Mega Radio se dio en medio la jornada más violenta del año en esa ciudad fronteriza, que inició con una riña entre presuntos integrantes de las bandas criminales en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) número 3, y continuó con el incendio de cuatro tiendas de conveniencia y disparos contra empleados y clientes.
La CNDH pidió a las autoridades competentes de Chihuahua que realicen una investigación diligente sobre el asesinato de los cuatro empleados de la radiodifusora, sin omitir ninguna línea de investigación, considerando la actividad profesional de las víctimas como uno de los posibles móviles de la agresión.
También solicitó la atención del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, a fin de que realice un análisis de riesgo y, en su caso, genere las medidas necesarias de protección que resulten pertinentes.
Indicó que activó la alerta seis que tiene como fin instrumentar acciones de protección coordinadas y señaló que se mantiene atenta a las acciones que cada autoridad realice, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que este hecho no quede impune.
La CNDH propuso en su Diagnóstico sobre los alcances y retos del “Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” establecer una política integral donde participen autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la vida, seguridad física e integridad personal de quienes trabajan en favor del derecho a la información de la sociedad.
