Nueva York. El ex presidente Donald Trump está bajo investigación criminal por presuntas violaciones de la Ley de Espionaje y por obstrucción de la justicia, reveló la orden judicial que autorizó el cateo de su residencia en Florida el lunes.

Según el recibo oficial de materiales confiscados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en la revisión de la mansión de Trump, que, junto con la orden judicial de allanamiento, fueron hechos públicos primero en filtraciones a medios y después por un juez federal, se encontraban documentos marcados ultrasecretos, secreto y confidencial.

Los agentes tomaron posesión de un total de 11 series de documentos, donde, además de materiales altamente clasificados, también había archivos relacionados al indulto presidencial de Roger Stone, socio de Trump, material relacionado con el presidente francés, Emmanuel Macron, y fotografías. No se ofreció mayor detalle.

La orden de inspección al ambiente privado del ex mandatario republicano y sus anexos hechos públicos ayer revelaron que la operación de la FBI se realizó porque el Departamento de Justicia tiene evidencia de lo que se llama causa probable contra Trump de presuntos delitos relacionados con la Ley de Espionaje de 1917, la cual prohíbe la posesión no autorizada de información oficial que podría dañar a Estados Unidos o ser útil a sus adversarios. También gira en torno a potenciales violaciones a otras dos leyes federales que califican de delito ocultar o destruir documentos para obstaculizar una pesquisa jurídica y de retirar de manera indebida documentos oficiales.

La noche del jueves, el ex mandatario declaró que no se opondría a la divulgación pública de la orden de cateo ni la lista de materiales confiscados, pretendiendo ser campeón de la transparencia, y reiteró este viernes que él estaba más que dispuesto a cumplir con cualquier solicitud para entregar los expedientes a las autoridades, y que era innecesaria la operación de la FBI. No mencionó que él tenía la capacidad de divulgar la orden y la lista desde el lunes.

En un comunicado ayer, Trump no sólo subrayó que no se ameritaba el cateo, sino que todos los documentos ya habían sido desclasificados. Esto ya es eje de otro debate, ya que los presidentes tienen la autoridad de desclasificar documentos. Sin embargo, algunos señalan que no puede hacerlo con todos, especialmente con aquellos con la más alta clasificación, mientras otros preguntan cuándo y cómo desclasificó, si es cierto, los que fueron confiscados en la irrupción a su residencia. Más aún, bajo la Ley de Espionaje podría ser irrelevante, ya que no define si los documentos que protege son o no clasificados.

Y como es su costumbre, en el mismo boletín informativo atacó a otros, en este caso su antecesor, declarando que el problema mayor es, ¿que harán con las 33 millones de páginas de documentos, muchos de los cuales son clasificados, que el presidente (Barack) Obama se llevó a Chicago?

También, como suele ser el caso con sus declaraciones, esta acusación es falsa: la administración de los Archivos Nacionales, depositario de documentos oficiales presidenciales, confirmó a The New York Times que Obama no se quedó con ninguno de sus documentos, tal como se establece la ley.

Trump continuó usando todo esto para recaudar fondos, con una de sus organizaciones políticas, Save America, enviando un correo que decía: “les advertimos que esto sucedería… Cuando van contra él, en verdad vienen detrás de ustedes… El presidente Trump nunca dejará de trabajar para salvar a Estados Unidos, pero necesita saber si cuenta con tu apoyo”.

Sin embargo, desde que se empezó a revelar la posibilidad de que el archimillonario tenía en su posesión documentos secretos que podrían tener graves implicaciones de seguridad nacional, de repente se han reducido y en algunos casos silenciado, las iniciales protestas y denuncias furiosas de legisladores y otros políticos republicanos.

Por su parte, el presidente del Comité de Inteligencia de la cámara baja, el demócrata Adam Schiff, emitió una declaración en la que afirmó que “si los reportes son precisos y el contenido entre estos documentos incluyen alguna de la información más altamente clasificada de nuestro gobierno… eso explicaría mucho sobre por qué el Departamento (de Justicia) y la FBI tomaron el paso de obtener una orden de cateo para recuperar el material documental”.

La Ley de Espionaje de 1917 que está al centro de esta pesquisa contra el ex mandatario en este caso es la misma que el gobierno de Trump usó para acusar y perseguir al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en 2019. El gobierno de Barack Obama la empleó en una ofensiva sin precedente contra funcionarios de inteligencia y servidores públicos que filtraron información clasificada a periodistas, incluyendo a Chelsea Manning y Edward Snowden.

Y para sumar más ironías, fue Roy Cohn, el gran mentor de Trump y la mano derecha del senador anticomunista Joe McCarthy (el del “macartismo’), quien participó como un fiscal en el proceso de enjuiciar y ejecutar a Julius y Ethel Rosenberg en los años 50 acusados de violar esa misma Ley de Espionaje.

Mientras, hay versiones de que el sitio digital ultraderechista Breit-bart publicó los nombres de los agentes de la FBI que realizaron el cateo de la residencia de Trump en Palm Beach, Florida, y que fue el propio Trump o sus cómplices quienes filtraron la orden de cateo sin tachar los nombres de los agentes a ese sitio. Esto, después de que esta misma semana un hombre armado vinculado a fuerzas ultraderechistas intentó ingresar a las oficinas de la FBI en Cincinnati, Ohio, y donde la oficina ha emitido alertas sobre un incremento de amenazas de violencia contra sus agentes esta semana.

En otro frente, Trump sufrió otro golpe más en el ámbito legal esta semana cuando un juez estatal de Nueva York negó desechar el caso criminal contra la empresa de la familia Trump, la Organización Trump, y su ex jefe financiero Allen Weisselberg, con lo que procederá por ahora un juicio en otoño. La empresas y el jefe de finanzas fueron formalmente acusados el año pasado por haber maniobrado para obtener mayor compensación y evadir impuestos. Los imputados solicitaron que el asunto fuera sobreseído argumentando que era un asunto políticamente motivado, El juez rechazó ayer ese argumento.