Ciudad de México. Debido a que cinco empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incurrieron en omisiones al no acatar, en su totalidad, una sentencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en favor de un trabajador despedido injustificadamente en agosto de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al director de Distribución de la citada empresa pública, Guillermo Nevárez Elizondo.

La Recomendación 140/2022 fue emitida por violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia en un plazo razonable.

La CNDH expuso que en el escrito de queja, la víctima señaló que en julio de 2016 demandó a la CFE por despido injustificado ante la Junta Especial No. 36 de la JFCA, la cual resolvió a su favor en marzo de 2018, y el fallo se declaró firme en mayo de 2019. Indicó que el 3 de septiembre de 2021 se le hizo entrega del importe de los salarios caídos, y detalló que el apoderado y representante legal de la Comisión Federal solicitaron un término de 15 días hábiles para dar cumplimento a la totalidad de las condenas impuestas, es decir, la reinstalación al puesto de trabajo que desempeñaba, acto que a la fecha no ha sido efectuado.

Corroboró que las cinco personas servidoras públicas señaladas como responsables incurrieron en omisiones al no realizar con oportunidad las acciones necesarias para cumplir, en un plazo razonable, la condena impuesta en contra de la CFE, lo que ha ocasionado que se niegue a la víctima, la posibilidad de que se le otorguen pagos, prestaciones y reconocimientos relacionados con la plaza laboral que tenía.

Ante ello, la CNDH pidió al director general de CFE-Distribución que se proceda al cumplimiento, sin más dilación, de todos los puntos establecidos en la sentencia a la que fue condenada, con el objeto de restituirle a la víctima sus derechos humanos violentados. Además, deberá colaborar ampliamente con la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal, para la presentación y seguimiento de una denuncia administrativa, en contra de las personas servidoras públicas señaladas y del personal de la empresa que resulte involucrado con los probables actos y omisiones cometidas.

Como medida de no repetición, también pidió que, en un plazo no mayor a seis meses, se diseñe e imparta al personal de la empresa, un curso en materia de derechos humanos, en específico sobre el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, acceso a la justicia y al plazo razonable.