Nueva York. El cateo a la mansión de Donald Trump en Palm Beach, Florida, realizada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el lunes pasado, gira en torno a una investigación sobre documentos oficiales que podrían incluir algunos de los más altamente clasificados del gobierno federal sobre armas nucleares u operaciones secretas en el extranjero, y que podrían haber estado en posesión del ex presidente en violación de la ley, aunque aun no se ha confirmado si estos estaban entre los materiales ubicados y retirados de su residencia.

El Washington Post reportó este jueves que según fuentes informadas, los agentes de la FBI estaban buscando, entre otras cosas, documentos oficiales relacionados a armas nucleares, los cuales serían altamente clasificados como secretos de Estado.

Por otro lado, The New York Times al citar a una fuente informada reportó esta noche que algunos de los documentos oficiales que eran su objetivo localizar estaban relacionados con programas de acceso especial, designación mayor que “top secret” reservada para operaciones estadunidenses extremamente delicadas realizadas en el extranjero.

Las autoridades federales han filtrado extraoficialmente a varios medios que una de las razones del allanamiento era una creciente preocupación de seguridad nacional de que documentos altamente clasificados en posesión indebida de Trump en su residencia podrían estar en peligro de pasar a manos de adversarios, y por ello la decisión de tomar una acción tan dramática y sin precedente de irrumpir en su residencia .

Todo esto ahora está al centro de lo que se ha vuelto en un enfrentamiento inusitado entre un ex mandatario y las autoridades federales máximas de justicia de Estados Unidos con el procurador general, Merrick Garland, anunciando este jueves que él personalmente autorizó la decisión de solicitar la orden de cateo de la mansión de Donald Trump y, en lo que es en esencia un reto directo al ex presidente, solicitó al juez federal que la aprobó que la haga pública.

Trump y sus aliados continúan condenado el cateo de su mansión en Florida efectuado el lunes por la FBI como un acto políticamente motivado por la izquierda radical demócrata, como parte de su persecución –en referencia a múltiples investigaciones criminales y civiles del presidente a nivel federal y estatal– cuyo propósito es evitar que se postule de nuevo para mandatario en 2024. Pero Trump, sus aliados y sus abogados han rehusado revelar la orden de cateo que se les entregó y aun menos el caso legal sobre la cual se basa para poder seguir pro-moviendo que se trata sólo de una cacería de brujas. Este jueves, el procurador general y jefe del Departamento de Justicia, Garland, reveló en conferencia de prensa –en las primeras declaraciones oficiales sobre la orden de allanamiento– que él personalmente autorizó la decisión presentar una solicitud para una orden de cateo ante un juez federal.

Reconoció que el silencio oficial desde que se realizó el registro en el inmueble del ex mandatario abrió un vacío en el cual se libraron una serie de ataques de Trump y otros políticos, Garland explicó que gran parte de nuestro trabajo por necesidad se lleva a cabo fuera del ojo público. Hacemos eso para proteger los derechos constitucionales de todos los estadunidenses y para proteger la integridad de nuestras investigaciones.

En su escueta y breve declaración de unos cuantos minutos, Garland expuso que bajo la ley y las reglas del departamento, por ahora no puede divulgar mayores detalles sobre las razones del cateo. Pero subrayó que defender el imperio de ley significa aplicar la ley de manera pareja, sin temor ni favor.

A la vez, su departamento decidió jugar una carta que obliga a Trump a decidir públicamente si desea o no que se conozcan más detalles de la redada en su residencia y la investigación sobre si el ex mandatario tenía en su posesión de manera indebida y prohibida documentos oficiales que se llevó cuando salió de la Casa Blanca en violación de la ley federal.

El Departamento de Justicia, notificó Garland, registró una solicitud formal ante el juez federal Bruce Reinhart de hacer pública esa orden de registro junto con el inventario de los materiales que fueron encontrados y retirados por la FBI de la mansión de Trump en Florida.

La solicitud está firmada por el jefe de contrainteligencia del Departamento de Justicia, Jay Bratt. Con ello, en los hechos retan a Trump a decidir si desea que se divulguen todos los detalles sobre la investigación que enfrenta. Sin embargo, la solicitud ante el togado no incluye hacer pública la evidencia que han reunido las autoridades hasta la fecha en este caso.

El juez, en respuesta a la solicitud, emitió una orden obligando al Departamento de Justicia a compartir una copia de su petición a los abogados de Trump, que tienen hasta las 3 de la tarde de hoy para responder al juez si el magnate y político se opone o no a divulgar al público la orden de cateo.

Ahora la controversia sobre la operación sin precedente de un allanamiento a una residencia de un ex presidente gira en torno de qué tan importantes, y secretos, son los documentos –por ejemplo, si incluyen algunos sobre armas nucleares y otra información delicada de seguridad nacional– que fueron detectados y confiscados el lunes.

Por otro lado, un hombre armado intentó ingresar a la oficina regional de la FBI en Cincinnati, Ohio, este jueves aparentemente motivado por los llamados a violencia contra las autoridades federales en respuesta a la redada en la mansión de Trump.

Después de huir del edificio y ser perseguido por horas en carreteras, fue baleado por policías y murió en una zona rural. El incidente se registro mientras las autoridades han alertado sobre un incremento en amenazas contra agentes federales en los recientes días en relación con la búsqueda policial en la mansión de Trump.

Según datos extraoficiales reportados por Ap, el sospechoso identificado como Ricky Shiffer de 42 años podría haber participado en el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, y se investiga si está vinculado con ultraderechistas.