Un ciudadano estadunidense con residencia en México es la primera persona juzgada en Estados Unidos bajo la nueva ley que declaró al tráfico de armas como un delito federal.
El acusado es Said Isaac Hernández, de 25 años, a quien se le acusa en Texas de haber comprado en un periodo de dos 231 pistolas de calibre 9mm, .380 y .22 para el crimen organizado en México, por lo que enfrenta una posible condena de hasta 15 años de prisión, de acuerdo con información de las autoridades estadunidenses.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salzar, sostuvo en las redes sociales que su país investigará y procederá contra traficantes de armas con toda la fuerza de la ley.
El pasado 25 de junio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la conocida como Ley de Comunidades más Seguras, la primera legislación en más de 30 años que restringe el uso de armas y, entre otros puntos, tipifica el tráfico de armas como un delito federal.
En tanto, México interpuso en agosto del año pasado ante una corte federal de Estados Unidos una demanda en contra del comercio negligente e ilícito de armas en aquel país. Los denunciados son los fabricantes de armamento, a quienes México reclama una compensación económica para reparar los daños sufridos por sus prácticas negligentes, pero su principal motivación yace en que las empresas adopten estrictas medidas de autorregulación para evitar el mercado ilícito.
Un gran jurado federal de Estados Unidos acusó a Hernández luego de que el 11 de julio las autoridades lo detuvieron cuando viajaba hacia el sur del territorio estadounidense por la Interestatal 35 en dirección al puerto de entrada de Laredo. En el momento de su detención, supuestamente descubrieron 17 armas de fuego escondidas en su coche.
Hernández había sido objeto de una investigación relacionada con la compra de un gran número de armas de fuego para luego transportarlas a México, según los cargos. Entre el 21 de enero de 2020 y el 11 de julio de 2022, Hernández supuestamente compró un total de 231 pistolas de los calibres 9mm, .380 y .22.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos realizó la investigación. El fiscal federal adjunto Michael Makens está llevando el caso.
