Nueva York. Dos días después de que agentes del FBI realizaron un cateo de su mansión en Florida por sospechas de el manejo ilegal de documentos oficiales, Donald Trump rehusó responder ante un interrogatorio en una investigación, por separado de autoridades estatales en Nueva York, sobre posibles maniobras fraudulentas de sus negocios de bienes raíces.

Una vez más proclamándose como víctima de la mayor “cacería de brujas” impulsada por la “izquierda radical demócrata”, Trump continuó convirtiendo sus batallas legales en una guerra política, fomentando posibles reacciones violentas de sus fanáticos.

Este miércoles, obligado por orden judicial de acudir a un interrogatorio bajo juramento en Manhattan realizado por la procuradora general de Nueva York Letitia James como parte de su investigación civil sobre posibles maniobras ilegales de los negocios del ex mandatario, Trump invocó su derecho bajo la Quinta Enmienda de la Constitución contra la autoincriminación y rehusó responder a toda pregunta.

Justificó su uso de la Quinta Enmienda en un comunicado este miércoles, afirmando que “cuando tu familia, tu empresa y toda la gente en tu órbita se han vuelto blanco de una cacería de brujas políticamente motivada y apoyada por abogados, fiscales y los medios de noticias falsos, uno no tiene opciones”. Esto a pesar de que en el pasado, el propio Trump se había burlado de demócratas y otros que habían empleado ese mismo derecho, acusando que sólo los culpables lo hacían.

Trump denuncio que los diversos ataques en su contra hacen parecer a este país como “una república bananera”. Sin embargo, no comentó las alegaciones en el caso de que Trump y su empresa han informado falsamente sobre el valor de sus bienes e inversiones para manipular tanto a bancos como a autoridades fiscales, entre otros.

La investigación civil en Nueva York podría culminar en la elaboración de una demanda que podría exigir multas y hasta prohibiciones para ciertas operaciones empresariales de Trump y su empresa. A la vez, la oficina del fiscal de Manhattan matiene abierta una investigación criminal paralela a la de James.

Trump y el FBI

Mientras tanto, el cateo de la mansión y club de Trump -conocido como Mar-a-Lago- en Palm Springs, Florida, realizado por el FBI el lunes sigue provocando sismos políticos aunque aún no hay información oficial de lo que se buscaba exactamente, ni qué fue lo que se halló -hay versiones de que las autoridades sacaron unas 10 a 15 cajas de materiales el lunes.

Filtraciones a medios de autoridades “con conocimiento” de la operación, brindaron más detalles y confirmaron que el objetivo eran documentos oficiales posiblemente secretos que estaban indebidamente en manos del ex presidente.

Todo presidente está obligado por una ley de 1978 a entregar todo documento oficial en su posesión a los Archivos Nacionales cuando concluyen sus periodos de gobierno. Más aún, fue el propio Trump quien, como presidente, promulgo una ley en 2018 elevando a la categoría de un delito mayor que un funcionario público sin autorización removiera y mantuviera en su posesión documentos clasificados.

La orden judicial aprobada por un juez federal en Florida autorizó al FBI a realizar el cateo en busca de documentos que se sospechaba estaban en ilegalmente manos del presidente.

Según un reportaje exclusivo de William Arkin en Newsweek, fuentes gubernamentales divulgaron que contaban con un informante con conocimiento de la existencia de documentos oficiales y su ubicación dentro de Mar-a-Lago, y eso fue lo que guió al cateo del FBI. De acuerdo con este informe, participaron dos docenas de agentes del FBI y técnicos.

Intensificando la especulación, se recordó que en junio Jay Bratt, jefe de contra-inteligencia del Departamento de Justicia, visitó Mar-a-Lago supuestamente para abordar el tema de los documentos oficiales en posesión de Trump después de salir de la Casa Blanca. Hace siete meses, Trump entregó 15 cajas de estos documentos, algunos clasificados como secretos, a los Archivos Nacionales donde pertenecían. Algunos indican que la presencia de Bratt implica que se sospechaba que Trump aún tenía más documentos con información oficial delicada.

Tal vez lo que podría preocupar más a Trump es que las penas impuestas por la ley de 1978 para quienes tengan custodia de documentos oficiales de manera indebida no sólo incluyen multas y posible encarcelamiento, sino que “serán descalificados para asumir cualquier puesto en Estados Unidos”.

Trump continuó descalificando la integridad de la operación repitiendo que no sólo es políticamente motivada, sino cultivando otra teoría de la conspiración iniciada por algunos de sus propios abogados desde el lunes, al insinuar que el FBI podría haber “sembrado” evidencia en su residencia durante el cateo, algo que de inmediato fue repetido por sus fanáticos.

Steve Bannon, ex estratega político de Trump, fue más lejos al sugerir que el cateo podría ser parte de un complot del “estado profundo” que podría incluir preparativos para “el asesinato del presidente Trump”.

El hijo de Trump, Donald Jr., emitió una solicitud para recaudar fondos a fin de defender a su padre, y escribió que el presidente Joe “Biden y los demócratas están siguiendo las huellas de todos los dictadores comunistas del Tercer Mundo que la izquierda adora”, persiguiendo a “sus enemigos políticos”.

Líderes republicanos, algunos en tonos más mesurados, continuaron protestando por esta acción sin precedente contra un ex presidente, y reiteraron sus demandas de que el procurador general y jefe del Departamento de Justicia Merrick Garland informe de inmediato al “pueblo” sobre las razones y justificaciones del cateo.

También continuaron las amenazas de violencia y hasta llamados a una guerra civil de ultraderechistas pro-Trump en las redes sociales y en comentarios a medios, incluyendo amenazas contra el juez que autorizó la orden de cateo y su familia.

Al final del día, como observó un comentarista, Trump sigue estableciendo un récord de actos sin precedente: primer presidente en ser enjuiciado dos veces en procesos de impeachment; primer presidente en intentar un golpe de Estado; primer presidente en interrumpir el proceso pacífico del traslado del poder; primer ex presidente cuya residencia personal fue cateada por el FBI y, hoy, primer presidente en tener que invocar la Quinta Enmienda.