Tijuana, B.C. Unas mil 157 personas han sido asesinadas en esta ciudad en lo que va del año, 59 de ellas durante los primeros días de agosto. La alcaldesa morenista de Tijuana, Monserrat Caballero, refirió que ocho de cada 10 de esas víctimas “están relacionados con con el crimen organizado”.

“Son malandros, con respeto para los humanos… hay menos malandros en la ciudad”, dijo Caballero.

La ola de violencia que recorre esta ciudad fronteriza resurge, como fue el pasado 8 de agosto, cuando fueron ultimados ocho individuos. Las autoridades señalan que son tres los grupos del crimen organizado que se disputan la plaza.

Hay días como el pasado 4 de agosto, cuando se reportaron 13 muertos: en la esquina de las calles Aceituna y Tulipanes, en la colonia Valle del Alamar, fueron abandonados 5 cuerpos en descomposición en una camioneta. Por el aumento en las cifras de fallecidos ese día, fue que llegaron los mandos del Ejército al sitio del crimen.

“Si bien es cierto que todas las vidas son importantes”, dijo Caballero durante una entrevista, varios de los que mueren diariamente son “malandros”.

Cuestionada por los altos índices delictivos en la ciudad, la funcionaria dijo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana requiere al menos 500 armas más y demandó apoyo al gobierno federal.

“Está bien, no podemos tener más policías, pero mándenos armamento, porque mis policías carecen de ello y no puedo estar correteando malandros con resorteras”, espetó este martes durante su conferencia de prensa semanal, a la que denomina “Despierta la Esperanza”.

En Tijuana, una buena parte de las víctimas son mujeres. El martes 9 de agosto, el cuerpo de una mujer de entre 25 y 30 años con señas de estrangulamiento fue tirado en la vía publica. Sin identificaciones, el Servicio Médico Forense (SEMEFO) espera que alguien pueda reconocerla.

Esta ciudad fronteriza envía anualmente entre mil 200 y mil 300 cuerpos a la fosa común, según cifras del SEMEFO, incluidos restos de niños, los cuales son etiquetados por las autoridades como “víctimas colaterales”.