Ciudad de México. Como respuesta a la inflación más alta en 22 años y a que mucho del costo se debe al transporte ferroviario, controlado por un par de empresas que caen en prácticas monopólicas, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) exhortó a la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) para que expida una nuevo marco que garantice “tarifas eficientes y equilibradas” en los costos de ese servicio.

La dependencia subrayó que además de “prácticas monopólicas (…) como la discriminación de usuarios a través de impedir el acceso al servicio mediante tarifas excesivas” y “restricción de la oferta a usuarios pequeños por su volumen de carga”, los concesionarios imponen cobros máximos que se encuentran hasta 83 por ciento por encima de la inflación acumulada.

Reportó que dos concesionarios mueven 99 por ciento de la carga y tienen exclusividad sobre 88 por ciento de las vías. Este “poder monopólico” les permite controlar las tarifas máximas, que dado su incremento discrecional, son “muy elevadas” para productos básicos como el maíz.

Por ejemplo, “se estima que el precio del kilo de tortilla es aproximadamente un peso más caro para la población, debido a los elevados costos y restricciones en el servicio público de transporte ferroviario de maíz”, denunció la SICT.

En la directriz de emergencia publicada en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia subraya que las tarifas registradas ante la ARTF no tienen sustento en costos operativos, su crecimiento acumulado está muy por encima de la inflación y en los tráficos en donde participan dos o más concesionarios, el encarecimiento es más significativo.

Además, se favorecen los flujos y usuarios que mueven grandes volúmenes de manera frecuente, mientras que el resto queda a expensas de la capacidad disponible del concesionario, lo que representa discriminación para estos últimos. No obstante, la necesidad de usar el transporte mantiene a un mercado cautivo.

“Es evidente que la problemática descrita en este documento cobra una dimensión de seguridad nacional, al tratarse de costos que se trasladan a la economía y el bienestar de las familias mexicanas, y existir un descontrol que provoca condiciones que atentan contra el desarrollo de los ciudadanos de manera directa o indirecta”, reporta la SICT, al asegurar que el control de las tarifas se ha tornado un asunto de seguridad nacional, pues de acuerdo con la legislación "Nadie debe enriquecerse con daño a otro".

En la directriz de emergencia para la regulación de las tarifas ferroviarias se advierte que ésta tendrá una vigencia de seis meses y entrará en vigor a partir de su publicación. “Conforme a los principios de la Constitución federal, se deben imponer diversas limitaciones a los derechos de los agentes económicos, a fin de evitar que se conceda a alguien una ventaja indebida, o acciones que perjudiquen al público en general o alguna clase social”, agrega la SICT.