Chihuahua, Chih. La Comisión Jurisdiccional del Congreso local incurrió en vicios y opacidad en el juicio político contra el ex gobernador panista Javier Corral Jurado (2016-2021), y sesionará para cancelar el proceso por desistimiento del denunciante, el abogado Gerardo Cortinas Murra, dio a conocer el mismo jurisperito. En tanto, diputados estatales del partido Morena se pronunciaron en contra de juzgar al ex mandatario.

“La sesión de la Comisión Jurisdiccional del pasado 1 de agosto fue clandestina, y se ve a todas luces que facilitan o dan la oportunidad al ex gobernador de impugnar el juicio a través de un amparo”, dijo Gerardo Cortinas en entrevista colectiva.

Añadió que “todo el procedimiento (de juicio político) ha sido de una total opacidad, no tengo conocimiento oficial del acuerdo por el que se admitió y supuestamente se dio inicio al proceso”, e informó que presentó al Congreso de Chihuahua un oficio con el cual se desistió de la solicitud de juicio político, en la cual acusó a Corral Jurado de desacato a un decreto de austeridad estatal emitido en 2017.

“La Comisión Jurisdiccional todavía no emplaza al ex gobernador y el proceso no está planteado abierto ni público, no tenemos acceso a la información y no podemos permitir que se realice de manera opaca y sin la presencia física de los implicados; si el proceso continúa así, el único beneficiado va ser Javier Corral”, consideró Cortinas Murra.

El litigante recordó que en octubre pasado denunció a Javier Corral ante la Secretaría de la Función Pública chihuahuense por un presunto desvío de 500 millones de pesos en aportaciones para el servicio médico de empleados de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de la capital del estado, la cual no ha tenido respuesta y presentará al Congreso. Acotó que al momento busca asesoría para reformular la denuncia por el desacato al decreto de austeridad.

Mientras, el diputado Óscar Avitia Arellanes aseguró que el partido Morena está de acuerdo con el desistimiento del juicio político contra Corral Jurado, pues estaba plagado de “irregularidades sistemáticas y de fondo”. “Al no impulsar este proceso no tratamos de proteger a nadie, sino de evitar una persecución motivada por el revanchismo político; se trata de pugnar que se respete la ley, que un proceso de ese calado se realice apegado a derecho”, afirmó.