Düsseldorf. El regulador de la red alemana, que se encargaría del racionamiento de gas en caso de emergencia de suministro, ha recibido decenas de solicitudes de exención de toda la industria, lo que refleja el temor a posibles cortes de producción y las consiguientes pérdidas.

Alemania se encuentra en la segunda fase de un plan de emergencia de tres etapas tras la reducción de los flujos de gas procedentes de Rusia, su principal proveedor, un problema importante para la industria, que representa una cuarta parte de la demanda de gas del país.

El canciller Olaf Scholz dijo el martes que los precios del gas, que se han disparado debido a la incertidumbre sobre los suministros rusos, no volverán a bajar rápidamente, ya que los gobiernos de todo el mundo ven el combustible como un puente en su camino a la descarbonización.

Mientras la industria y los reguladores intentan elaborar un plan para lo que ocurrirá en la tercera fase -cuando entre en vigor el racionamiento-, los distintos sectores han empezado a pedir clemencia y algunas empresas han comenzado a cambiar sus prácticas laborales para reducir el uso de energía.

“No está previsto un procedimiento de solicitud. La Agencia Federal de Redes sigue recibiendo numerosas cartas de prácticamente todos los sectores”, dijo un portavoz del regulador de redes alemán (BNetzA) en declaraciones enviadas por correo electrónico.

“Las exenciones generales no están previstas en la ley actual”, señaló el portavoz, y añadió que el regulador mantiene “un diálogo constante” con la industria para prepararse ante una emergencia de suministro de gas.

Los grandes sectores consumidores de gas que han alzado la voz en público son las industrias del vidrio, el acero, la farmacéutica y la química, donde el gas se utiliza para fabricar desde plásticos y fertilizantes hasta fibras y disolventes.

BNetzA indicó que está tratando de elaborar una lista de cierres para la industria basada en seis criterios, que incluyen el tamaño de la empresa, los daños económicos, así como los costos y el tiempo que se tardaría en volver a poner en marcha instalaciones específicas.