Managua. La policía de Nicaragua acusó este viernes a la Iglesia católica y al obispo Rolando Álvarez, que denuncia desde el jueves sufrir asedio policial, de incitar actos de violencia para "desestabilizar" al país y anunció la apertura de una investigación.

"Las altas autoridades de la iglesia católica, Diócesis de Matagalpa, encabezada por el obispo monseñor José Rolando Álvarez, (..) están intentando organizar grupos violentos e incitándolos a ejecutar actos de odio", dijo la policía en un comunicado.

Actúan usando "su condición de líderes religiosos", señaló la autoridad policial.

Álvarez, crítico del gobierno de Daniel Ortega, denunció este viernes que la policía mantiene por segundo día consecutivo sitiada la curia episcopal de Matagalpa, donde vive, en el norte de Nicaragua.

"Siempre la vía de circulación frente a nuestra curia se encuentra cerrada y bloqueada por la Policía Nacional. La puerta principal como el garaje de salida igualmente está bloqueada por los antimotines", dijo el obispo más temprano durante una misa que transmitió por redes sociales.

El prelado permanece dentro de la curia con seis sacerdotes y seis laicos.

La policía los acusa de provocar "un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales".

Ante esta situación, anunció que con el propósito de "garantizar la paz y la seguridad ciudadana" ha "iniciado un proceso de investigación con la finalidad de determinar la responsabilidad penal de las personas involucradas en la comisión de estos actos delictivos", en coordinación con el Ministerio Público (fiscalía).

Informó que "las personas investigadas se mantendrán en sus casas", sin precisar quienes son los investigados.

El gobierno y la Iglesia católica mantienen tensas relaciones desde las protestas opositoras de 2018, cuando varios templos abrieron sus puertas para refugiar a los manifestantes.

La jerarquía católica también intentó mediar en un diálogo entre gobierno y oposición, en el cual se hicieron eco de una propuesta opositora que demandaba la salida del gobierno de Ortega, en el poder desde 2007.

El mandatario consideró las protestas como parte de un fallido golpe de estado promovido por la oposición con apoyo de Washington, del cual según él los obispos fueron cómplices.