Buenos Aires. El Ministro de Defensa, el ex canciller Jorge Taiana, anunció la separación de la Armada Argentina de seis integrantes del grupo de tareas de la marina: Jorge Tigre Acosta, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, Alberto González, Jorge Radice y Antonio Pernías, condenados a prisión perpetua en los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura militar (1976-1983). Esto conmovió a los familiares de miles de víctimas y sobrevivientes que pasaron por el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Juzgados en 2011 con pruebas y testimonios de sobrevivientes de la ESMA, por la que pasaron unos cinco mil prisioneros de la dictadura -la mayoría desaparecidos- fueron encontrados culpables de secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, robo de niños, entre otros cargos, y condenados a cadena perpetua.

Un juicio anterior tuvo que ser concluido ya que uno de los acusados, el prefecto Héctor Febres, sufrió una sospechosa muerte y no pudo declarar en esa causa en la que se estimaba iba a hablar sobre los crímenes cometidos.

El Tribunal Oral Federal 5 informó al Ministerio de Defensa de la confirmación de la sentencia y solicitó que ésta se cumpla conforme a la decisión de los jueces de dar de baja de los seis sentenciados. Esto se atiene a una ley sobre el personal castrense cuyos efectivos pierden su condición de militares si son declarados “en rebeldía”, o condenados por tribunales comunes o federales, como sucedió en este caso.

La solicitud de cumplir con esta ley llegó anteriormente, pero entonces el ex Ministro de Defensa, Oscar Aguad, del gobierno del ex presidente Mauricio Macri de la derechista alianza Cambiemos (Juntos por el Cambio), decidió delegar en los jefes de las fuerzas armadas esta decisión.

Pero ahora, Taiana afirmó que, como la sentencia era de cumplimiento ineludible e impostergable, decidió cumplir con la demanda de los jueces de separar a los culpables de la Marina, no solo por el compromiso del Ministerio de Defensa con el tema de los derechos humanos, sino también por “la integración de las fuerzas armadas a la sociedad civil”.

Afirmó que es inaceptable y “contrario a derecho que exista personal con estado militar, que a su vez esté condenado por delitos de lesa humanidad”, informó ayer el diario Página 12.

También era miembro del grupo de tareas el marino Alfredo Astiz, quien se infiltró y entregó a las Madres Fundadoras de Plaza de Mayo: Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco. Todas ellas fueron secuestradas y llevadas a la ESMA, para ser torturadas y, más tarde, arrojadas vivas al mar en 1977. El ya había sido separado de la fuerza de la misma forma en que fueron despojados de sus rangos otros marinos y policías federales.

En tanto, se decidió juzgar a quienes, encabezando a pequeños grupos de violentos manifestantes, amenazaron de muerte a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos la semana anterior frente a la sede del Instituto Patria. También serán juzgados dos policías de la municipalidad de Buenos Aires que no hicieron nada para detenerlos cuando apedreaban el edificio mostrándose, incluso, como viejos conocidos de los atacantes.

Lo mismo sucedió cuando el pasado 3 de julio el ex presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, asumió como Ministro de Economía, quien al llegar a la ceremonia de asunción a su nuevo cargo fue atacado por sujetos que dañaron su automóvil al intentar sacar del vehículo al funcionario sin que interviniera la policía de la Ciudad de Buenos Aires en una tácita complicidad con los opositores violentos.

Todos los organismos de derechos humanos firmaron una declaración de apoyo a Fernández de Kirchner, ante los alegatos del fiscal Diego Luciano -con fuertes nexos con el ex presidente Macri y sus seguidores- reabrió la causa de vialidad cerrada por otros juzgados ante la falta de pruebas, tratando de incriminar a la ex presidenta y encarcelarla.

“El lawfare violenta los principios básicos del sistema democrático, en particular la división de poderes y la transparencia del poder judicial”, señalaron en la declaración los organismos que expresaron “profunda preocupación por la continuidad de prácticas judiciales persecutorias hacia líderes políticos y sociales claramente opositores a las políticas neoliberales”.

Externaron su “solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, víctima hoy también de la persecución de un Poder Judicial que profundiza las desigualdades con fallos que legitiman las políticas neoliberales y dejan a nuestro pueblo a merced de los intereses de los poderosos”.

Dentro de las complicidades de la justicia, varios organismos advirtieron ayer al gobierno del presidente Alberto Fernández sobre lo que consideran “una provocación de Estados Unidos”, pues ese país solicita se les entregue el avión de carga venezolano secuestrado desde junio pasado. Esto obedece a una querella presentada –también sin prueba alguna- por la ultraderechista Delegación de Asociación Israelíes Argentinas, en su obsesión por atacar a Irán y a Venezuela.