Mexicali, BC. El ex gobernador Jaime Bonilla busca evitar su comparecencia ante el juez de control del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial de Baja California en la audiencia de imputación de delitos de peculado y corrupción, al argumentar que se encuentra en funciones como senador de la República.

En un oficio fechado el 7 de julio señaló que en la actualidad ostenta y se encuentra en funciones como senador durante el periodo del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2024.

El morenista aseguró que, pese a una resolución judicial, tiene fuero debido a su cargo como legislador, por lo que pidió al juez de control cancelar la audiencia programada para el 15 de agosto a las 9:15 horas porque es violatorio de sus derechos constitucionales. La denuncia que enfrenta, junto con 11 de sus ex funcionarios, es por peculado por 12 mil millones de pesos.

Bonilla Valdez se separó del Congreso de la Unión por una licencia indefinida para convertirse en superdelegado en Baja California, después fue candidato a la gubernatura por Morena y desde el 1 de noviembre de 2019 gobernó la entidad hasta el 31 de octubre de 2021.

Tras reincorporarse al Congreso de la Unión, la sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó separarlo de su encomienda por una acción de inconstitucionalidad que presentó el abogado Juan Marcos Gutiérrez y el partido Acción Nacional.

El 9 de mayo la presidenta Olga Sánchez Cordero dijo que Bonilla se mantendría como senador hasta que el pleno de la Sala Superior del TEPJF determine lo contrario, pues advirtió que este asunto se encuentra “sub judice”. Sin embargo, en agosto el ex mandatario estatal intentó participar en una sesión de la Comisión Permanente, pero la propia Sánchez Cordero le pidió que se retirara.

Al ex mandatario se le acusa de la contratación ilegal de una planta de generación de energía a una empresa privada, lo cual es una facultad exclusiva del gobierno federal. El morenista promovió la construcción de una planta fotovoltaica que sería construida en 2021 en el Valle de Mexicali para suministrar luz al Acueducto río Colorado-Tijuana.

Para esto, contrató a Next Energy, a la que pagaría 123 millones de pesos durante 30 años mediante la garantía de 30 por ciento de participaciones federales que recibe Baja California y que entregaría la SHCP a la empresa de manera directa, a través de un fideicomiso.

La planta nunca se terminó y ni la Comisión Federal de Electricidad ni la Secretaría de Medio Ambiente otorgaron los permisos de construcción.

Inclusive, su secretario Amador Rodríguez Lozano modificó un decreto sin la autorización del Congreso local, donde incluyeron el contrato de Next Energy.

Amador Rodríguez Lozano, ex secretario general del gobierno de Bonilla ahora funge como coordinador de Relaciones Interinstitucionales de Claudia Sheinbaum. Otro funcionario señalado fue Rodolfo Castro Valdez, oficial Mayor y ex secretario de Hacienda de Baja California, es actual coordinador de la oficina del gobierno de Sonora.