Ciudad de México. Tras el decreto que clasificó al Tren Maya como obra de seguridad nacional, su administración legal recae en la Presidencia de la República o en la Secretaría de Gobernación (SG), aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Puntualizó que su administración entregará dicho decreto al juez que lo requirió dentro del proceso contra el proyecto que han emprendido diversos sectores de la sociedad civil, a quienes se ha otorgado amparos que detuvieron la construcción del tramo 5 (Cancún-Tulum) por algunos meses, trabajos que se retomaron tras la declaratoria de seguridad nacional.

Interrogado en la mañanera de ayer en Palacio Nacional sobre la instancia que legalmente ahora está a cargo del proyecto –hasta antes del decreto era el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)–, el mandatario precisó:

Creo que la Presidencia de la República o la Secretaría de Gobernación, pero hay que verlo. Es un asunto de seguridad nacional, fue lo que hicimos en el aeropuerto (Felipe Ángeles). Y el juez tiene que resolver lo que está pendiente (agilizar su determinación en el proceso jurídico), éste es otro asunto, y ya lleva mucho tiempo.

–¿Con el decreto toda la obra ya queda a nombre de Presidencia? –se le insistió.

–Toda la obra, sí, en tanto se construye –apuntó el mandatario. Esto a fin de frenar los intentos por detener la obra.

Señaló al titular del juzgado primero de distrito con residencia en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez –quien requirió el decreto y otorgó los amparos–, de estar vinculado con el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío, quien ahora es el asesor jurídico de Claudio X. González. Tenemos que batallar con eso, pero ahí vamos avanzando.

Agregó que es precisamente la organización de ese empresario –uno de sus adversarios– la que financia, junto a asociaciones extranjeras, a estos grupos de la llamada sociedad civil que se han opuesto a la construcción del tramo 5. Es una violación flagrante a nuestra soberanía, una actitud injerencista (la acción de los organismos externos), eso no se puede permitir.

Indicó que este fin de semana que realizó una gira por el sureste para verificar los avances del proyecto ferroviario, estuvo en Tulum y esperaba manifestaciones de los opositores, pero “me comentaban los que están trabajando que llegaron a protestar estos seudoambientalistas y dijeron: ‘Vamos a estar aquí nada más dos horas porque hay mucho calor’. Bueno, está bien. Están como los de Frenaa, que no querían venir a dormir aquí al Zócalo”.

Resaltó que los amparos otorgados por el juzgador ya no proceden debido a la declaratoria de seguridad nacional e insistió que se cuenta con todas las anuencias de los propietarios de los predios por los que pasará la vía y otros alcances del proyecto.

Hace unos días, Javier May, titular de Fonatur, informó que al circunscribirse en el marco de la seguridad nacional, el proyecto quedaría a cargo de la SG y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El Presidente expuso que la construcción del Tren Maya, además de proteger el medio ambiente, generará desarrollo y distribución de la riqueza en el sureste mexicano.

Hace 50 años, recordó, no había ningún desarrollo en Cancún, y hoy es la segunda ciudad del país más conocida a escala mundial, al grado de que este año se calcula que llegarán 29 millones de visitantes por vía aérea hasta el aeropuerto de este punto turístico.

Así, se busca que ese turismo se propague por los cinco estados por los que transitará el ferrocarril, a fin que se conozca la riqueza natural y cultural, en especial las antiguas ciudades mayas.