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Requiere juez copia del decreto que reactiva el Tren Maya

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En el tramo 3, en Yucatán, trabajadores llevan a cabo el armado de vías. Foto Cuartoscuro
30 de julio de 2022 09:34

Ciudad de México. El gobierno federal deberá entregar al juzgado primero de distrito, con sede en Yucatán, copia certificada del decreto con el cual se declaró como una cuestión de seguridad nacional el proyecto del Tren Maya y con el que se revirtió la suspensión de las obras en el tramo 5, que va de Tulum a Playa del Carmen.

Uno de los demandantes promovió una ampliación para que el juez Adrián Fernando Novelo Pérez emita una suspensión que impida el reinicio de las obras de los tramos 6 y 7 de este proyecto, cuya construcción estará bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En cuanto a la entrega de la copia certificada del decreto que declara el Tren Maya como una obra de seguridad nacional, en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, y como parte del desahogo del juicio de amparo 820/2022, se ordenó a la empresa Fonatur Tren Maya que en un plazo de tres días remita copia certificada del decreto donde se advierta que el proyecto denominado Tren Maya pertenece a seguridad nacional.

El juez Novelo Pérez señaló que si Fonatur no cumple, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Ampliación de juicio de amparo

Respecto de la ampliación de juicio de amparo, esto fue solicitado a través del recurso 923/2022, ya que los demandantes argumentan que el gobierno federal, a través de Fonatur Tren Maya, no ha cumplido con los derechos de vía, es decir, no ha concluido los procedimientos para que se inicien las obras por no tener la propiedad de los terrenos en los que se realizará el tendido de vías y el desarrollo del resto de la infraestructura, que recorrerá 254 kilómetros de Tulum a Bacalar y 287 kilómetros de Bacalar a Escárcega.

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La Presidenta informó que en enero los visitará una comisión especial para darle continuidad “a los acuerdos que se tomaron en su momento”.

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La FGR indicó que de acuerdo con la carpeta de investigación, en 2017 dos víctimas fueron secuestradas al salir de su negocio en Chalco, estado de México.

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Lo anterior se deriva de un amparo solicitado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Además ordena a la SHCP y la Tesorería de la Federación suspender la extinción de los fideicomisos del PJF.
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