El gobierno federal clasificó como “asunto de seguridad nacional” la emergencia por el desabasto de agua potable que desde hace tres meses enfrenta la zona metropolitana de Monterrey.

Con esta decisión, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tomará el control de las concesiones privadas del recurso –adjudicadas a varias empresas del estado—, a fin de hacer frente a la crisis hídrica, que se extiende a 18 municipios neoleoneses. Ésta es la primera ocasión que por un asunto de causa pública las autoridades toman la dirección de esas concesiones.

En el decreto presidencial publicado esta tarde en el Diario Oficial de la Federación se establece el plan de acción inmediata para atender esa crisis a fin de dotar del recurso al uso público urbano y doméstico de las zonas afectadas.

El documento, que esta mañana firmó el presidente durante la mañanera, asienta: “Por ser causa de utilidad pública, de interés público y un asunto de seguridad nacional, se ordena aprovechar temporalmente los derechos de agua existentes, mediante la modificación o reducción provisional de volúmenes concesionados, destinados para usos distintos del doméstico y del público urbano”.

Para ello, agrega, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) podrá celebrar los convenios de concertación con los concesionarios y de coordinación con las autoridades locales que se requieran para el cumplimiento de la medida antes referida.

“Los volúmenes de agua que sean objeto de las medidas establecidas en este decreto se entregarán directamente, desde el punto de extracción en la infraestructura del concesionario a la red de distribución, en coordinación con el organismo operador del estado, en tanto subsista la emergencia para lo cual se deben realizar las acciones y medidas técnicas necesarias”, añade el decreto.

Dicha cantidad del recurso deberá ser contabilizada mediante la instalación de aparatos de medición, los cuales quedan a cargo del organismo operador de Nuevo León.

La instancia local cubrirá el pago de derechos conforme a la cuota de uso público urbano prevista en la Ley Federal de Derechos, respecto de los volúmenes aprovechados; en tanto que los concesionarios estarán liberados del pago por los derechos de agua mientras se prolongue la aplicación de estas acciones.

“Una vez que cesen los efectos de las medidas materia del presente decreto, los titulares de las concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales podrán disponer del total del volumen de agua concesionado y serán responsables del cumplimiento de las obligaciones inherentes a los mismos, así como a las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento”.

Asimismo, el documento establece que en atención a la emergencia hídrica que se enfrenta en Nuevo León, las empresas a las que se les reduzca provisionalmente los volúmenes concesionados, “no se les aplicarán las sanciones establecidas en la Ley de Aguas Nacionales, cuando derivado de la extracción (del recurso) se rebase el gasto establecido en el título de concesión”.

Como medida adicional para mitigar la emergencia, añade el decreto, se establecerá un plan de apoyo para el abasto de agua potable a la población de los municipios afectados mediante la utilización de carrotanques, lo cual se hará en coordinación entre la Conagua y la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Plan DN-III.

Además, el gobierno federal coordinará las acciones necesarias para el financiamiento y la ejecución de la presa La Libertad, que está en en construcción, y de un segundo acueducto que conecte la presa Cuchillo con la zona metropolitana de Moterrey, que iniciará su construcción en septiembre de este año, obras con las que se pretende dotar de más de 5 mil litros por segundo a la región, y que cuentan con recursos federales y estatales.

Además, brindará apoyo administrativo para la perforación de dos centenares de pozos emergentes necesarios para incrementar el volumen de agua destinado para el uso doméstico y público urbano.

Estas acciones se aplicarán para los siguientes municipios: Apodaca, General Escobedo, Juárez, Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Cadereyta Jiménez, Ciénega de Flores, General Zuazua, Salinas Victoria, El Carmen, García, Pesquerías, Santiago, Aramberri, Doctor Arroyo, General Terán, General Zaragoza, Hualahuises, Linares, Mier y Noriega, y Montemorelos, y otros que resulten afectados cuando haya baja disponibilidad en las fuentes de abastecimiento de agua potable o por sequía.

Este decreto entrará en vigor a partir de mañana, y las autoridades involucradas deben iniciar las acciones conducentes para su cumplimiento; tendrá una vigencia de seis meses, aunque estará sujeta a la subsistencia de la emergencia hídrica.

El documento también es firmado por los titulares de las secretarías de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y de Medio Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González.