Guanajuato, Gto. En el año 2022 se han “determinado” 17 casos de violencia sexual en escuelas del estado, informó la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), en respuesta al diputado de Morena, Ernesto Millán Soberanes, quien difundió que hay 60 casos de acoso sexual en planteles escolares.

“En lo que va del año se han determinado 37 casos de violencia escolar, de los cuales, 17 son de tipo sexual, mismos que han sido atendidos, conforme lo marcan los Protocolos para la Detección, Prevención y Actuación en caso de violencia escolar”, difundió la dependencia.

De los 17 casos de tipo sexual, 14 se cometieron en escuelas de educación básica y tres en planteles de media superior, detalló.

“De los 14 casos en educación básica se determinó que cuatro constituían violencia entre pares, implicando solo a estudiantes, mientras que 10 implicaron a personas trabajadoras de la SEG, tres de las cuales fueron sancionadas y siete causaron baja definitiva”, precisó.

Agregó que a través del Centro Estatal Aprender a Convivir capacita a maestros en habilidades socioemocionales, en la resolución constructiva de los conflictos, en la adecuada aplicación de los protocolos y en promoción de derechos humanos.

“La prioridad institucional en todos los casos es salvaguardar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, restablecer el tejido social y una convivencia libre de violencia en las comunidades escolares”, señaló la Secretaría.

La postura de la SEG es en respuesta a la petición que hizo el diputado, Ernesto Millán, para que sea destituido el secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Meza, por su falta de atención en los casos de violencia sexual contra estudiantes y por los abusos sexuales que sufrieron seis niñas de cinco años de edad de un kínder de Silao.

“La gestión de Jorge Hernández Meza ha sido desastrosa, sin resultados, opaca, intrascendente, mediocre, por decir algunos calificativos, lo peor es que en los casos de abusos han reaccionado tarde, no aplican correctamente los protocolos o no los aplican”, recriminó el legislador, quien afirmó que en este año hay 60 casos de acoso sexual en escuelas de Guanajuato.

Avanza investigación sobre abuso sexual de niñas en kinder de Silao

Sobre el abuso sexual contra seis niñas del kínder de la comunidad Camino Real, del municipio de Silao, la Secretaría de Educación resaltó que ha mantenido una “constante comunicación” con los papás de las víctimas sobre el avance de la investigación administrativa.

“El presunto generador de violencia escolar, hoy, no mantiene relación alguna con la SEG, en tanto que, se continúa con el procedimiento disciplinario laboral que determinará las responsabilidades y sanciones a las que pueden hacerse acreedoras, tanto de la Orientadora Educativa, como la Coordinadora del Preescolar Alternativo”, ventiló.

Agregó que defenderá “con firmeza y determinación” los derechos humanos de los infantes, que colabora con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que brinda atención legal y psicológica a las familias.

“La persona presunta generadora de violencia, hasta antes del 24 de junio, era becario en el programa de Preescolar Alternativo, modalidad que se aplica en zonas de baja demanda de matrícula, especialmente en comunidades rurales que tienen condiciones de lejanía y alta dispersión”, explicó.

El encargado del kínder de la comunidad Camino Real, Erick Ernesto Zavala Guerra, abusó sexualmente de seis niñas de 5 años de edad, denunciaron las mamás de las víctimas ante el Ministerio Público, quien integró la carpeta de investigación 70151.

“Él las manoseaba de sus partes íntimas, su esposa es coordinadora en la Secretaría de Educación, él llegó a la escuela regresando de vacaciones de semana santa, anteriormente había una maestra, él entró como becario, ni siquiera tiene una cédula profesional”, narró una madre de las víctimas.

El artículo 187 del Código Penal establece que comete abuso sexual “quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o le haga ejecutar un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula”.

El delito se castiga de seis meses a dos años de prisión cuando la víctima es menor de edad.