El ex secretario de la Presidencia de Perú, Bruno Pacheco, afirmó ayer ante la Fiscalía del país que sí se dieron pagos “ilícitos” en los ascensos irregulares de las Fuerzas Armadas, según ha confirmado el diario peruano El Comercio.

Pacheco habría recibido “presiones” para que se beneficiaran de manera ilícita al menos diez oficiales de la Policía Nacional de Perú (PNP), para que ascendieran a sus puestos a cambio de dinero.

Los oficiales habrían pagado 20 mil dólares a cambio de conseguir tal beneficio, tal y como detalló el ex secretario presidencial, quien añadió que el dinero pasó a través de los escoltas del presidente de Perú, Pedro Castillo.

De acuerdo con Pacheco --quien desde el sábado se encuentra a disposición de la Fiscalía--, la lista de los diez generales fue tramitada por los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo (actualmente prófugo de la Justicia) y Gianmarco Castillo Gómez, según el diario.

Asimismo, Pacheco aseguró que el presidente peruano habría coordinado su fuga a través de su secretario general, Beder Camacho, quien actualmente ocupa el cargo de secretario general del Despacho Presidencial.

El pasado 19 de noviembre, Pacheco presentó su dimisión por el escándalo desatado por las presuntas presiones para ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. En este sentido, mostró su “respeto incondicional” por Castillo.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió entonces una investigación motivada por “la información pública sobre presuntas gestiones irregulares de Pacheco ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria a favor de empresas privadas”, tal y como explicó la entidad en diciembre de 2021.

Después de haber estado prófugo durante tres meses, la Justicia de Perú considera que Pacheco es un testigo clave a la hora de investigar un caso de presunta corrupción que implicaría al jefe de Estado. Pacheco se puso a disposición el lunes del equipo fiscal anticorrupción que investiga una presunta mafia en el seno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú.

La Fiscalía sostiene que tanto Pacheco como Castillo habrían sido miembros de esta organización, la cual se habría dedicado a entregar concesiones de obras públicas a empresas privadas a cambio de sobornos.