San Cristóbal de Las Casas, Chis. La relatora para México y Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, manifestó que la visita que realizó a Aldama y Chalchihuitán el 12 y 13 de julio, “nos permitió verificar una positiva colaboración y cooperación para buscar la resolución de los conflictos en el territorio, así como la labor de la sociedad civil y de la iglesia en la atención humanitaria y labores de pacificación”.

Destacó que “durante los recorridos recibimos con preocupación los testimonios de que la población vive con miedo por la violencia, la cual impacta en la vida de mujeres, niñas, niños. El Estado tiene la obligación de continuar desplegando el máximo de sus esfuerzos para poner fin a la violencia, reparar a las víctimas y reconstruir un tejido social que está demandando paz".

En un comunicado difundido en esta ciudad por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), dijo que “el Estado tiene la obligación de continuar desplegando el máximo de sus esfuerzos para poner fin a la violencia, reparar a las víctimas y reconstruir un tejido social que está demandando paz".

La visita, agregó, “resalta el rol que cumple el mecanismo de medidas cautelares en la protección de los derechos y la posibilidad que tienen los Estados, en este caso el de México, de proteger a los pueblos indígenas”.

El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), recordó que otorgó las medidas cautelares 882-17 “por hechos de violencia informados en contra de las comunidades indígenas tsotsiles de Chalchihuitan y Chenalhó”; después “otorgó las medidas cautelares 284-18 y recientemente emitió la resolución 102/2021, que da seguimiento a ambas medidas cautelares”.

Con el objetivo de supervisar la implementación de las medidas cautelares otorgadas a favor de familias indígenas tsotsiles de 22 comunidades, por hechos de violencia, una misión encabezada por Arosemena de Troitiño visitó ambos municipios.

Señaló que “la CIDH ha identificado en ambos asuntos la existencia de conflictos territoriales de larga data entre pueblos indígenas tsotsiles de distintas comunidades, recibiendo información de múltiples hechos de violencia, que han dejado como saldo personas fallecidas, lesionadas, así como varios eventos de desplazamiento forzado de las comunidades en la zona”.

La CIDH reconoció “el compromiso de las autoridades del Estado mexicano para cumplir con las medidas cautelares y adoptar determinaciones con miras a solucionar esta problemática de larga data y complejidad, y buscar asimismo mejorar el diálogo para retomar la confianza de las comunidades”, al tiempo que agradeció “la aceptación de la visita y las facilidades, coordinaciones y seguridad que garantizaron e hicieron posible el trabajo de supervisión de las medidas directamente en el territorio”.

Asimismo, agradeció a representantes de las comunidades beneficiarias y Frayba “por su disposición, acompañamiento e ingentes esfuerzos en la organización de la visita y el acercamiento de las personas beneficiarias a la Comisión”.

En el marco de las medidas cautelares, abundó, “la CIDH continuará con el seguimiento de la implementación de las recomendaciones efectuadas para la protección de las comunidades beneficiarias, en ejercicio de su mandato y por medio de sus diferentes mecanismos”.

La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, quien también participó en el recorrido por los municipios citados, afirmó que “hemos visto una notable coordinación de esfuerzos de los tres niveles de gobierno; sin ella, los avances no son viables debido a la complejidad de la problemática".