El Juzgado Primero de Distrito en el estado de Yucatán negó revocar la suspensión definitiva que le concedió a habitantes del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, contra las obras del tramo cinco del Tren Maya, que corren de Playa del Carmen a Tulum.

El juez Adrián Fernando Novelo Pérez admitió a trámite el incidente de modificación o revocación promovido por Marco Aurelio Colín, apoderado legal de Fonatur y Fonatur Tren Maya.

El impartidor de justicia dio a conocer que determinó modificar parcialmente la medida cautelar; no obstante, no publicó en qué consistieron los cambios.

El próximo 1 de agosto se llevará la audiencia donde el impartidor de justicia resolverá si el gobierno federal incumplió con la medida cautelar al reiniciar las obras luego de declarar el proyecto del Tren Maya como de seguridad nacional.

"Es procedente y fundado el incidente de modificación y/o revocación de la suspensión definitiva promovido por Marco Aurelio Colín Hinojosa, apoderado legal de Fonatur Tren Maya, al haberse determinado procedente únicamente la modificación de la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa en la resolución de 27 de mayo de dos mil veintidós, no así la revocación de la misma, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución".

"Segundo. Se modifica la parte conducente a la concesión de la suspensión definitiva de los actos reclamados, solicitada por la parte quejosa, contenida en la resolución incidental de 27 de mayo de dos mil veintidós. Tercero. Se mantiene la concesión de la suspensión definitiva de los actos reclamados precisados atribuidos a Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Fonatur Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, pero en los términos, con las precisiones y para los efectos señalados en la parte considerativa de esta resolución", señala el resolutivo del juez que se publicó este lunes.

En mayo pasado, el togado otorgó la suspensión definitiva a las obras del tramo 5 sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo. La decisión corresponde a la demanda interpuesta por un grupo de buzos de la Riviera Maya, contenida en el expediente 884/2022. En su momento el gobierno federal impugnó el fallo.

Los buzos se oponen a la continuación de la construcción de dicho tramo, pues argumentaron entre otras cosas, que las obras que se han hecho sin la autorización de la MIA, han dejado impactos como la pérdida de vegetación que se llevará 30 años o más para recuperar.