Ciudad de México. Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo especializado en competencia económica concedió un amparo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que ordena al gobierno federal aplicar la norma de 2013, que estaba vigente antes de que entrara en vigor la reforma publicada el 9 de marzo de 2021.

Es el primer recurso que concede a una Asociación Civil, que impugnó los artículos 3, fracciones V, XII, XII Bis (adicionada) y XIV; 4, fracciones I y VI; 12, fracción I; 26; 53; 101; 108, fracciones V y VI, y 126, fracción II, de la LIE.

El fallo puede ser impugnado a través de un recurso de revisión ante un tribunal colegiado para que determine si confirma, modifica o revoca la decisión del juez.

Gómez Fierro apuntó que no pasa inadvertido que dicha protección constitucional puede beneficiar a otras personas aun cuando éstas no hayan acudido a la vía constitucional.

En su resolución, el togado sólo analizó el tema de medio ambiente y los efectos adversos de la ley impugnada y se orientó a criterios sobre un medio ambiente sano. Para ello tomó en cuenta varios aspectos, entre ellos los puntos de vista de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quienes en abril pasado analizaron una acción de inconstitucionalidad donde no se alcanzaron los ocho votos para declarar la LIE inconstitucional.

Los resultados de dicha votación, significó que las impugnaciones a la ley se desestimaran, por lo que la SCJN no emitió ninguna jurisprudencia sobre su validez. Esto dejó abierta la puerta para que siguieran los juicios de amparo que la impugnan, y los juzgados y tribunales pudieran emitir libremente sus fallos, caso por caso.

En su resolutivo, Gómez Fierro sostuvo que la LIE es contrario al derecho a un medio ambiente sano, debido a que restringe y modifica los incentivos existentes para la transición energética, además de no contemplar inversiones propias para alcanzar dicho cambio.

Incluso indicó que una de las principales consecuencias de las disposiciones reclamadas, es desplazar la operación comercial de centrales eléctricas que pueden operar con fuentes de energía más limpia y menos costosa. Ello tendrá como efecto que se limite el despacho de esas centrales impidiéndoles ofrecer su energía, sin importar que sea generada a partir de fuentes renovables.

Además, reiteró que la ley incorpora diversos criterios para la asignación y despacho de las centrales eléctricas dentro del mercado mayorista que restringen la participación de las particulares, en beneficio de las operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que no sólo tiene consecuencias en el ámbito de la libre competencia y concurrencia sino en el ámbito del derecho a un medio ambiente sano.

Añadió que de acuerdo con un estudio del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por sus siglas en inglés), un escenario en el que se dé prioridad en el despacho de energía y acceso a redes a la energía de la CFE, tendría un aumento significativo de emisiones contaminantes de entre 28 y 153 por ciento, además de los costos de generación de energía.

También consideró que, como firmante del Acuerdo de París, el Estado Mexicano tiene la obligación de hacer frente al cambio climático.