Tlaxcala, Tlax. El colectivo de Comunidades Unidas en Defensa de la Matlalcuéyetl, de Tlaxcala, exigió la liberación inmediata de los líderes comunitarios Saúl Rosales Meléndez y Raymundo Cahuantzi Meléndez, detenidos el pasado 14 de julio por su probable corresponsabilidad en el delito de homicidio calificado, derivado del linchamiento de Alfredo N, acusado de haber entrado a robar en un domicilio de San Pedro Tlalcuapan, municipio de Chiautempan.

La organización informó que las autoridades de Tlaxcala advirtieron que existen otras 11 órdenes de aprehensión contra otros tantos habitantes de Tlalcuapan, a raíz del asesinato tumultuario de Alfredo N, ocurrido el 15 de abril pasado.

Explicó que la “arbitraria detención (de Rosales Meléndez, también presidente de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, y de Cahuantzi Meléndez) es un atropello hacia nuestros derechos como pueblos indígenas, que se rigen por usos y costumbres. De que son inocentes, nosotros lo sabemos y el gobierno también”.

Una portavoz de la agrupación argumentó que este linchamiento ocurre en medio del hartazgo ciudadano por la extorsión policiaca y la inacción y la indiferencia gubernamentales ante la delincuencia y a las peticiones de los campesinos de combatir la plaga del gusano descortezador, detectada en 2019.

Detalló que desde 2018 la policía estatal de montaña exigía a los campesinos una cuota de tres mil pesos por cargar leña de uso doméstico; en esa ocasión, dos uniformados fueron detenidos por los pobladores encabezados por Cahuantzi Meléndez, quien evitó el linchamiento mediante una negociación con la Secretaría de Gobierno.

Al año siguiente, los pobladores reportaron a las autoridades federales, estatales y municipales la presencia del gusano descortezador en tres hectáreas, pero éstas se deslindaron mediante la argucia de canalizarlos a otras dependencias.

El gobierno negó los permisos para frenar la plaga, pero tampoco hizo algo “contra la delincuencia ambiental, que genera inseguridad, corrupción, burocracia, desinterés, discriminación y abuso de autoridad hacia las comunidades indígenas”, añadió.

Iniciamos 2022 con un aumento en robos, entre ellos el de un sobrino de Raymundo Cahuantzi Meléndez, un joven repartidor que balearon entre San Bartolo y Xochiteotla, además de asaltos a mano armada principalmente en zonas escolares, intentos de secuestros y robos a casa habitación.

Esas omisiones han desencadenado acciones de violencias como la del 15 de abril y ahora estamos siendo acusados ante toda la sociedad de ser los culpables cuando en realidad es consecuencia de un sistema decadente y deficiente, finalizó.