Ciudad de México. Diversas organizaciones e integrantes de la comunidad mazahua exigieron una nueva ley de arrendamiento que evite desplazamientos, luego de realizar el Carnaval por la vivienda digna, en el que expresaron su rechazo a la gentrificación, la mafia inmobiliaria y a los desalojos no sólo con el uso de la fuerza, sino sicológicos.

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La movilización duró cuatro horas y recorrió avenida Chapultepec, Reforma, Insurgentes, Bucareli y Balderas, lugares donde los manifestantes visitaron los predios que habitaron por décadas en las colonias Juárez y Centro.

Algunos inmuebles están abandonados, en otros los residentes son presionados con alzas en la renta para obligarlos a irse, mientras varios fueron remodelados y ampliados por constructoras cuyos modernos departamentos ahora son rentados por una sola noche.

“#Ni un vecino menos. Se dice que hace mucho tiempo (antes de Airbnb) en este edificio hubo vida real; cuando el cártel inmobiliario se agandalla tu colonia, te desalojan aunque estés al corriente con tu renta”, se leía en los letreros que pegaban con engrudo en postes y paredes de las construcciones.

En la protesta se conocieron casos de familias desplazadas al estado de México y Querétaro por no contar con un lugar para vivir en la capital, además de personas de la tercera edad que después de ser desalojadas de un edificio en la calle Liverpool enfermaron y fallecieron.

Denunciaron que con el desplazamiento social también se aniquiló el comercio de vecinos del barrio, por lo que las tienditas desaparecieron y ahora hay sofisticadas cafeterías o restaurantes y la renta de 2 mil a 5 mil pesos se incrementó a 30 mil.

Albina Téllez, quien representa a la comunidad mazahua, recordó que en octubre fueron desalojados por un grupo de golpeadores del predio de Turín 46, a pesar de que el hombre al que pagaban renta desapareció desde el sismo de 2017, por lo que dijo que seguirán en la lucha por tener una vivienda.

Carlos Acuña recordó que fue sacado del edificio Trevi y no recuperó las rentas ni depósitos pagados y, al igual que a otros residentes de un predio en Liverpool y Bruselas, se les negó el derecho al tanto, es decir, a tener la opción de comprar el departamento en el que habitaron por años.