El brutal crimen presenta una serie de elementos que lo convierten, sin duda, en uno de los más escalofriantes e indignantes episodios de violencia suscitados en nuestro país. En primera instancia, nadie puede permanecer indiferente ante el odio que los vecinos de Padilla Gutiérrez desplegaron contra ella y su hijo debido a los inconvenientes (gritos y golpes a las paredes) durante las crisis que el niño experimentaba a causa de su condición. La intolerancia y la ignorancia de los residentes de su colonia llegaron a tal grado que en su domicilio aparecieron pintas con amenazas explícitas de muerte como te voy a quemar viva o muerte a la Luz, y uno de sus vecinos llegó a atacarla con cloro industrial, el cual le provocó quemaduras leves.

Pero si las agresiones contra Luz Raquel escalaron hasta el feminicidio fue por las omisiones y la negligencia de las autoridades que debieron salvaguardar su integridad. La activista ya había denunciado ante la Fiscalía de Jalisco y la Comisaría de Zapopan las amenazas de muerte de uno de sus vecinos, identificado como Sergio N, y después de la agresión con cloro, ocurrida el 17 de mayo, obtuvo una orden de restricción contra dicho individuo, pero las autoridades nunca tomaron disposiciones para hacer que el mandamiento judicial se tradujera en una protección efectiva.

Asimismo, el gobierno municipal se habría negado a integrarla a un programa denominado Pulso de Vida, consistente en dotar a las mujeres amenazadas de un dispositivo electrónico con sistema de localización y botón de pánico, pues no consideró los amagos como causa suficiente para resguardarla. Para colmo, pese a ser un sujeto de evidente interés para esclarecer el atentado, Sergio N no fue buscado ni localizado por las autoridades en los días inmediatos posteriores al ataque, sino que el miércoles se presentó por su propia voluntad a la policía de Zapopan, presuntamente por temor a intimidaciones que habría sufrido en redes sociales tras la muerte de Padilla Gutiérrez. Con estos antecedentes de fallas catastróficas de las administraciones municipal y estatal, la negación de cualquier responsabilidad y la afirmación de que ni todas las medidas de las que pueda disponer el gobierno en cualquier nivel son suficientes para evitar estos hechos por parte del gobernador emecista Enrique Alfaro han supuesto un ultraje para los colectivos con los cuales trabajó la víctima, para agrupaciones feministas y para las mujeres en general.

Está claro que en este caso ya no basta con capturar y procesar a los asesinos materiales de Luz Raquel Padilla, sino que debe procederse contra todos aquellos que, desde cargos públicos, se hicieron cómplices de este desenlace por negar la protección necesaria a una persona que se encontraba bajo evidente peligro y que clamó por la defensa de su vida. Asimismo, el episodio es un recordatorio de lo mucho que falta por avanzar en la toma de conciencia social acerca de condiciones desafiantes como el autismo, y de la facilidad con que la violencia machista se torna en una fuerza asesina.