Lima. La Fiscalía peruana informó este viernes que reactivó una investigación contra el presidente Pedro Castillo, la quinta en casi un año de mandato, por un caso de presunto tráfico de influencias en la compra de combustible por la empresa estatal Petroperú en 2021.
La nueva Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió anular una decisión de enero pasado de su predecesora, Zoraida Ávalos, de suspender las indagaciones por ese caso hasta tanto Castillo culminara su mandato, en julio de 2026, debido a que cuenta con inmunidad.
"La Fiscal de la Nación dispuso dejar sin efecto la disposición N°1 del 4 de enero de 2022 que suspendía el inicio de actos de investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, hasta la culminación de su mandato presidencial", tuiteó este viernes el Ministerio Público.
En enero se informó que el jefe de Estado habría intervenido en un proceso para la adquisición de biodiésel B100 en el mercado local para el período enero-abril 2022 "con la finalidad de que la empresa Heaven Petroleum Operator, dirigida por el empresario Samir Abudayeh, gane un contrato por la suma de USD 74 millones".
Castillo negó cualquier implicancia en el caso y el contrato se anuló luego que la prensa destapó irregularidades.
El mandatario enfrenta otras cuatro investigaciones de la fiscalía: por supuesta obstrucción a la justicia en la destitución del ministro de Interior Mariano González; por presunto tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares; por supuesta corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública, y por plagio en su tesis universitaria.
El presidente y su abogado han argumentado reiteradamente que no existe prueba alguna de ninguno de esos delitos.
Castillo, un maestro de escuela y sindicalista de 52 años de origen rural, ganó las elecciones al frente de un pequeño partido marxista- leninista en un balotaje en junio de 2021 por un estrecho margen sobre la derechista Keiko Fujimori.
Su victoria ha sido cuestionada desde el primer día por los partidos derechistas y populistas que controlan el parlamento, a pesar del aval al proceso electoral otorgado por observadores de la OEA y la Unión Europea.
